Después de nueve meses con los expedientes encima de la mesa, la comisión del estatuto del diputado del Parlament ha dictaminado este martes que los ataques islamófobos de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a la diputada de ERC, Najat Driouech, por usar velo, constituyen una “falta leve”. El código de conducta de los parlamentarios solo detalla qué se considera una falta grave o muy grave, y los hechos producidos en octubre de 2025 cuando Orriols acusó a Driouech de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” no entran dentro de esta categorización.No obstante, el expediente elaborado por la mesa de esta comisión —presidida por Antoni Castellà (Junts) y completada con Jordi Albert (ERC)— apunta que hay hasta siete casos de “señalamiento” de la también alcaldesa de Ripoll hacia la diputada republicana, hecho que consideran “muy grave” y que vulnera el artículo 7 del código de conducta, que insta explícitamente a los parlamentarios a una actitud “escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad”.En este caso, creen que podría ser constitutivo de un delito de odio y, ante la falta de elementos que a su juicio tiene el código de conducta y el reglamento del Parlament —en los expedientes recomiendan a los grupos que acuerden una reforma para incorporar estas “nuevas casuísticas del debate parlamentario”—, piden a la Mesa que informe a los grupos que pueden elevarlo a la Fiscalía.La comisión también ha abordado los dos expedientes abiertos al portavoz de Vox, Joan Garriga, que también han sido tipificados como “faltas leves”. El primero se le abrió tras decir en un pleno en mayo de 2025 que los socialistas gastaban el dinero en “drogas y putas”. El segundo se produjo en octubre cuando llamó “asesino” al expresident Lluís Companys y los diputados de su formación colgaron carteles con la frase de 'Companys assassí'.Tanto Orriols como Garriga, según fuentes parlamentarias, alegaron durante el trámite de audiencia con ellos —hecho con los miembros de la mesa de la comisión y los servicios jurídicos de la Cámara— que se amparaban en el derecho a la libertad de expresión. Estas mismas fuentes destacan que, en las resoluciones avaladas por la mayoría de este órgano —formado por un diputado de cada grupo parlamentario—, se ha tenido en cuenta este derecho por el cual manifiestan “respeto absoluto”, pero a su vez se ha puesto la mirada en la “vulneración del normal desarrollo de un acto institucional” y el “señalamiento repetido contra una diputada”.Por otro lado, había una cuarta carpeta encima de la mesa que afectaba a la parlamentaria de Vox, Júlia Calvet, que responsabilizó en julio de 2025 durante un pleno a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de la “corrupción” en la DGAIA. En este caso, la comisión ha dejado sin sanción estos hechos y lo ampara en la libertad de expresión después de que Calvet dijera en las alegaciones que si había “ofendido o alguien se había podido sentir insultado”, se disculpaba.Multas de 600 a 12.000 eurosAhora la pelota pasa a manos de la Mesa del Parlament de Catalunya, presidida por Josep Rull. La comisión del estatuto del diputado ejerce como órgano instructor, pero fuentes parlamentarias apuntan que la potestad sancionadora está en manos del órgano rector de la Cámara. Con estas faltas leves, la Mesa tiene tres opciones: dejar sin sanción alguna estos hechos, hacer una amonestación pública a Sílvia Orriols y Joan Garriga o bien multarlos con un importe que, según el reglamento, puede ir de los 600 hasta los 12.000 euros. Las últimas dos posibilidades no son incompatibles.En lo que hace hincapié esta comisión en los dictámenes sobre Orriols y Garriga es en la necesidad de actualizar el código de conducta y reformar el reglamento. Ante estos incidentes consideran que no hay suficiente seguridad jurídica para poner determinadas sanciones y que estas tendrían que incluirse explícitamente en el código de conducta y, a su vez, que este código se incorporara al reglamento de la Cámara. El PSC, Junts y Esquerra Republicana trabajan desde hace meses en una propuesta -en estado avanzado- para la que también sondean a Comuns y la CUP.Apertura de cuatro nuevos expedientesFinalmente, la comisión del estatuto del diputado ha acordado la apertura de otros cuatro expedientes más por posible vulneración del código de conducta. Es el primer paso del procedimiento. Todos implican a parlamentarios de Vox.Lee tambiénUno de ellos es a Alberto Tarradas, solicitado por la Mesa del Parlament, por insinuar que deportarían a Najat Driouech. El diputado se disculpó horas después en el pleno. El segundo es a Rafael Villafranca por llamar “delincuentes” a los diputados de la CUP. Un tercero implica a María Elisa García Fuster por insistir en sus acusaciones de “asesino” a Lluís Companys en una comisión de control de la CCMA y el último es a Júlia Calvet por decir en la comisión de juventud que, durante la comparecencia de representantes de la asociación Joventut d'Àfrica Negra, el lugar “idóneo” para sus explicaciones sería el continente africano.Calonge, 1998. Redactor de 'La Vanguardia' desde 2024. Licenciado en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra. Cubro la actualidad política catalana