La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament ha resuelto este martes como "faltas leves" los expedientes abiertos por posible vulneración del código de conducta a la diputada y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga. En cambio, ha desestimado el caso que afectaba a la también diputada de Vox Júlia Calvet y lo ha enmarcado dentro de la libertad de expresión.PublicidadAsí lo ha anunciado el presidente de la comisión, Antoni Castellà, en declaraciones a los medios en el Parlament, en las que ha explicado que se ha elevado a la Mesa del Parlament la "necesidad de que traslade" a los partidos la conveniencia de reformar el reglamento de la cámara, para "analizar mucho más en Antoni Castellà asunto de este tipo". La mesa será la encargada de decidir y aplicar la sanción final. Este castigo puede ir desde una amonestación pública hasta una multa económica de entre 600 y 12.000 euros.Sobre el caso de Orriols, ERC denunció en abril de 2025 el uso de expresiones "reiteradas" y "vejatorias" de la líder de extrema derecha contra Najat Driouech. La comisión ha constatado que la líder de Aliança ha cometido un "acoso sistemático" contra la diputada de ERC, a quien ha acusado en varias ocasiones de "normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico" por llevar velo.Vox tenía tres expedientes abiertos. Dos eran contra Joan Garriga por afirmar, por un lado, que los socialistas gastaban dinero en "drogas y putas" y, por otra parte, por tildar de "asesino" al presidente fusilado Lluís Companys, llegando a colgar carteles con la inscripción "Companys asesino" en las ventanas de los despachos de la formación. El tercer expediente era contra la diputada Júlia Calvet, que acusó a la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de liderar "uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament" en la DGAIA.Cuatro expedientes más iniciadosLa Comisión del Estatuto del Diputado ha incoado cuatro expedientes más, todos relativos a diputados de Vox: uno a Alberto Tarradas, por unas declaraciones contra la diputada de ERC Najat Driouech insinuando que la podrían deportar; uno a María Elisa García Fuster, por calificar de "asesino" al presidente Companys; uno a Rafael Villafranca, por referirse a la CUP como "delincuentes"; y otro a Calvet, por decir en una comparecencia de una asociación de catalanes afrodescendientes que "para hablar de los retos de la juventud africana el lugar ideal para hacerlo es África".Los casos de Villafranca y Fuster son a petición de la CUP; el de Calvet, del PSC; y el de Tarradas, de la Mesa del Parlament.