Todos los partidos están de acuerdo en que la vivienda es el primer problema del país, reafirmando lo que los españoles señalan en las encuestas. Por eso llama la atención el poco entusiasmo que se pone para resolverlo. Si todos reconocen el diagnóstico, ¿por qué resulta tan difícil aplicar políticas capaces de abaratar de forma significativa el precio de la vivienda? La respuesta tiene menos que ver con la falta de propuestas que con los intereses materiales que se han construido durante décadas alrededor del mercado inmobiliario. Y para entenderlo hay que retroceder varias décadas.
En el año 1957, el régimen franquista creó el Ministerio de Vivienda y puso al frente a José Luis Arrese, un filonazi que durante la Segunda Guerra Mundial había llegado a entrevistarse con Hitler. Como ministro, Arrese impulsó un giro hacia un modelo basado en la promoción privada y la extensión de la propiedad. Adelantándose varias décadas a Margaret Thatcher, en una conferencia de 1959, Arrese resumió su política afirmando que «no queremos una España de proletarios sino de propietarios».
En los años ochenta, Thatcher popularizó la idea del “capitalismo popular”, según la cual toda la sociedad podía convertirse en capitalista, es decir, en propietaria de activos financieros tales como acciones, fondos de inversión y otros títulos que representaban derechos —por lo general de magnitud insignificante— sobre la propiedad de las empresas. El asalariado de toda la vida asumía así también las funciones de un inversor capitalista. Todo el programa neoliberal giraba en torno a este proyecto de reorganización social, y aunque hubo una transferencia de riqueza muy notable y clara —un reparto del botín de lo público entre los agentes privados, como sucedió durante las privatizaciones— también y principalmente era una cuestión ideológica: bajo el “capitalismo popular” se alineaban los intereses de ciertos segmentos de la clase trabajadora con los de la elite capitalista, ya que, si las empresas obtenían más beneficio, también los inversores recibirían una parte. El asalariado común no dejaba de ser un trabajador por cuenta ajena, pero ahora disponía de complementos económicos en forma de dividendos, intereses y otros réditos financieros que, por lo común, monitorizaba como si fuera George Soros.
