El envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales riesgos para el crecimiento económico de España, pero un reciente estudio indica que el verdadero problema ya no es demográfico sino institucional. Esa es la principal conclusión del nuevo Policy Paper de Fedea firmado por el economista José Ignacio Conde-Ruiz, que sostiene que las actuales reglas políticas, fiscales y del Estado del bienestar fueron diseñadas para una realidad demográfica que ha desaparecido y hoy favorecen sistemáticamente a las generaciones de mayor edad frente a los jóvenes.Bajo el título 'Instituciones, envejecimiento y equidad intergeneracional', el informe advierte de que España ha agotado el denominado "dividendo demográfico", es decir, el impulso que durante décadas proporcionó una población activa creciente. Según el autor, a partir de ahora la productividad será prácticamente el único motor del crecimiento económico, precisamente cuando el envejecimiento dificulta también el avance de la innovación y del capital humano.
La deriva que dibuja pasa por que la tasa de dependencia de las personas mayores continúe aumentando durante las próximas décadas, lo que hará que la presión sobre las cuentas públicas será estructural, no temporal. Según las últimas proyecciones de población, el gasto ligado al envejecimiento -pensiones, sanidad y dependencia- alcanzará el 25,5% del PIB en 2050, frente al 20,3% registrado en 2023.
