Pese a los retrasos y a las trabas que acumulan, las investigaciones por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas deparan sorpresas. La inteligencia española ha admitido cuatro años después de estallar el escándalo Pegasus que espió al periodista y exparlamentario de la CUP David Fernàndez, algo que no había ocurrido hasta ahora.
El nombre de Fernàndez aparece en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno, a petición del juez, autoriza la desclasificación de una pequeña parte del espionaje al periodista y al exparlamentario de la CUP Carles Riera. Como ya ha ocurrido en anteriores casos, la información que el Ejecutivo facilita a requerimiento de los jueces que investigan el espionaje es parcial y limitada.
A diferencia de Fernàndez, Riera sí formaba parte de los 18 independentistas a los que la exdirectora del CNI Paz Esteban admitió haber espiado en el Congreso en 2022. En el documento, el Consejo de Ministros niega que el CNI espiara al exdiputado Albert Botran, querellante del caso junto a los otros dos exdiputados.
Los únicos documentos que el Gobierno facilita al juez son los autos del Tribunal Supremo por los que se avaló el espionaje solicitado por el CNI. Como ya ha ocurrido en otros espiados, como el expresident Aragonès o el exviceconseller Sergi Sabrià, el Ejecutivo los envía al juez con numerosos tachones para no desvelar, según el Ejecutivo, “actividades, medios y procedimientos” del centro.
