Más que la compatibilización de tres proyectos, la sanción de la Ley Antibúnker expuso una negociación política que modificó la iniciativa original enviada por el gobierno de Martín Llaryora a partir de los aportes incorporados por la oposición. El resultado fue una fuerte señal de consenso en la Unicameral, donde la norma fue aprobada por unanimidad. La izquierda estuvo ausente.
El oficialismo consiguió preservar el núcleo central de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo: dotar al Estado de herramientas para intervenir sobre inmuebles utilizados por organizaciones criminales. Sin embargo, para alcanzar un despacho multipartidario incorporó buena parte de los planteos formulados por el radical Oscar Saliba, autor de la primera iniciativa "cajoneada", y el legislador del PRO Oscar Agost Carreño.
El resultado fue una ley que amplía el alcance de la intervención estatal y, al mismo tiempo, incorpora mayores garantías jurídicas y controles judiciales, uno de los principales reclamos de la oposición durante el debate en la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas.
En términos legislativos, el PJ resignó parte de la arquitectura original del proyecto para garantizar un marco normativo con respaldo multipartidario. La apertura a los aportes del arco opositor terminó alumbrando una ley que obtuvo el voto afirmativo de todas las representaciones políticas presentes en el recinto.
