El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker, una iniciativa crea un nuevo régimen para intervenir búnkeres de venta de drogas, aguantaderos e inmuebles abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública. La iniciativa busca dotar al Estado de herramientas específicas para actuar de manera rápida y coordinada sobre espacios utilizados para actividades delictivas o que favorezcan situaciones de inseguridad.
La presentación del proyecto se produce luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación difundiera el informe 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que identificó a las infracciones vinculadas a la Ley de Estupefacientes como el delito con mayor crecimiento en Córdoba durante el último año. Según el relevamiento, este tipo de hechos aumentó un 59,7% en la provincia, muy por encima del promedio nacional.
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Entre las medidas previstas por la nueva ley se incluyen actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas que habiliten acciones preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles. Según el proyecto, estas intervenciones deberán realizarse respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
