El Gobierno provincial avanzó con el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa que busca habilitar la intervención rápida del Estado sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas, con foco en el narcomenudeo y otros delitos asociados. La medida prevé la posibilidad de clausuras, tapiados e incluso demoliciones mediante orden judicial, además de la creación de una estructura interagencial para acelerar los procedimientos.
En diálogo con Punto a Punto Radio, la legisladora, Nadia Fernández, explicó que la iniciativa apunta a recuperar espacios que funcionan como puntos de venta de drogas o refugio de bandas delictivas. En ese sentido, sostuvo que se trata de lugares que “generan violencia y deterioran la vida de los vecinos en los barrios”.
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Fernández detalló que el proyecto no se limita al narcotráfico, sino que también incluye inmuebles utilizados para ocultamiento de objetos robados o desarmaderos ilegales. “Se trata de un régimen específico para intervenir búnkeres o aguantaderos donde se cometen múltiples delitos”, señaló.
El esquema contempla la creación de una unidad interagencial integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y los municipios que adhieran. Según explicó la funcionaria, el objetivo es acelerar las intervenciones para cortar la actividad delictiva “en cuestión de horas”.
