Con el ingreso del proyecto de ley Antibúnker del gobernador Martín Llaryora, la Legislatura de Córdoba abrió la discusión. La herramienta largamente reclamada busca intervenir sobre espacios utilizados por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Sin embargo, no sólo activó el debate sobre cómo derribar los búnkeres narco, sino también una pulseada política por la autoría de la agenda. La UCR reclamó el “copyright” del proyecto de Oscar Saliba y advirtió sobre “un tiempo crucial” perdido por el “cajoneo” de la propuesta opositora que se encuentra en comisión desde marzo.
Con el proyecto del Panal y el presentado por Oscar Agost Carreño (PRO), ambos incorporados a la agenda en la sesión del jueves pasado, la Unicameral quedó frente a tres iniciativas que comparten un mismo diagnóstico, pero plantean caminos diferentes sobre quién debe conducir la respuesta estatal frente al avance territorial del narcomenudeo.
La discusión de fondo no sólo pasa por si el Estado debe derribar un búnker, sino por una pregunta política central: ¿la respuesta debe estar conducida por el Poder Ejecutivo, por la Justicia o por una política integral que combine seguridad con recuperación territorial?
