La Legislatura de Córdoba se prepara para celebrar este miércoles su última sesión antes del receso invernal con un tema que dominará la agenda política: la Ley Antibúnker, una de las principales apuestas del gobierno de Martín Llaryora en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Aunque el radicalismo no se olvida en reclamarle el copyright de la iniciativa de Oscar Saliba.
El dictamen del proyecto de ley que llegará al recinto establece un marco regulatorio para la intervención sobre bienes muebles e inmuebles que puedan generar riesgos para la seguridad pública o donde puedan desarrollarse actividades delictivas, como guaridas, aguantaderos o búnkeres de drogas. El esquema contempla medidas de intervención administrativa de carácter preventivo hasta la demolición que aparece como instancia final y requiere intervención judicial.
Detrás del inminente tratamiento legislativo se desarrolló una negociación política mucho más amplia que terminó modificando el proyecto original enviado por el Ejecutivo. Después de varias conversaciones entre el oficialismo y los bloques opositores, el PJ consiguió encaminar un borrador de despacho que incorpora una parte sustancial de los aportes realizados por el PRO, la UCR y otros legisladores.
