La ley Antibúnker es el tema central de la genda política del día en Córdoba y por ello hubo un despliegue oficial para anunciarlo. El acto reunió al gobernador Martín Llaryora, al ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, además de la cúpula policial y penitenciaria, en una conferencia de prensa que antecedió por apenas unas horas al debate en el recinto legislativo.
La escena llamó la atención en los pasillos legislativos por un motivo puntual: la ley ya contaba, según pudo reconstruir PERFIL CÓRDOBA, con un dictamen de consenso que incorporaba cerca del 90% de las propuestas presentadas meses atrás por el legislador del PRO Oscar Agost Carreño, además de aportes sustanciales del proyecto radical de Oscar Saliba.
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Ese dato -la ley que la Unicameral sancionará este miércoles por amplia mayoría lleva la impronta de tres bancadas y no solo la del Ejecutivo- convivió con un anuncio en el que el oficialismo volvió a ocupar en soledad el centro de la escena mediática.
En el encuentro, López explicó el origen de la iniciativa a partir del trabajo con fiscalías antinarcotráfico y fuerzas de seguridad, y detalló que la norma prevé una etapa administrativa -a cargo del Ministerio de Seguridad- y otra judicial, que habilitará en última instancia el derribo de los inmuebles.
