Javier Herrero |
Madrid (EFE).- Mientras el ecosistema de festivales en España sigue redimensionándose con la cancelación de múltiples citas por falta de público, «el gran dolor de cabeza» que otros muchos promotores denuncian es otro: la «falta de seguridad jurídica» que les ampare ante el cada vez más arduo debate entre música y descanso vecinal.
«Hemos vivido situaciones donde se ha tratado de criminalizarnos sin ningún razonamiento», lamenta a EFE Javier Arnaiz, director de Mad Cool, que arranca este miércoles una nueva edición habiéndose convertido en uno de los grandes afectados por esta polémica: la fiscalía pide dos años de cárcel para él por un presunto delito contra el medio ambiente.
Limitación de las condiciones
Se trata de una medida extrema y muy inusual hasta ahora, pero ilustra un giro de timón por parte de los poderes y administraciones públicas, por ejemplo ayuntamientos que, tras una larga etapa en la que abrazaron y replicaron el modelo (no hay pueblo sin su propio festival), han pasado a limitar sobremanera las condiciones para su celebración, sobre todo los decibelios.
