El ideal de la sociedad en materia de justicia es que los jueces gocen de plena confianza por parte de la comunidad y que decidan en forma motivada y correcta. La confianza debe llevar a que, aunque no gusten sus decisiones a los litigantes, merezcan todo su respeto. Este ideal indudablemente ha sido de difícil consolidación en países como el nuestro, regularmente criticado, entre otros, por el sistema de designación de jueces. Existió una larga época en la que los ministros jueces de las Corte Superiores eran designados por los llamados ministros de la Corte Suprema de Justicia. A su vez los ministros de las Cortes Superiores nombraban a los jueces provinciales.Los ministros de la Suprema eran designados por el Congreso Nacional. Quienes tenían el poder jurídico de nombrar jueces podían sentir que los nombrados “se debían” a ellos. Y si “se debían” a quienes los designaban, entonces estos podían interpretar que podían tener influencia en las decisiones judiciales. En esos tiempos no había concursos para designar jueces ni los cargos eran permanentes. Luego llegaron los concursos y su posterior sistemática devaluación. Si hay algo lamentablemente consistente en el Ecuador es la falta de credibilidad en los concursos públicos. El Estado tiene múltiples tareas pendientes en el campo de la justicia. La más importante: la credibilidad y confianza en el sistema. Como nunca hay que quedarse en el lamento, es tiempo de arremeter en el respaldo a una justicia alternativa y confiable: la justicia arbitral, que es un sistema que teniendo todo el respaldo constitucional y legal del Estado tiene por característica la confianza de los litigantes, pues son estos quienes eligen a los jueces (árbitros) que deben resolver sus litigios (el árbitro dirimente se designa regularmente por sorteo). La marca del arbitraje son la confianza y la credibilidad. La primera es un aspecto de arranque que se fortalece con el tiempo, y la segunda, un atributo que se conquista y perdura por la consistencia del trabajo de los árbitros. El arbitraje es ágil y flexible en el campo probatorio; es un apoyo al Estado y a la sociedad. Al Estado porque alivia la carga procesal del sistema ordinario, y a la sociedad porque le entrega una alternativa ágil y con mejores posibilidades de solidez jurídica, pues los árbitros no sufren la grave congestión que padecen los jueces por el alto número de expedientes. El arbitraje estuvo ya reconocido en el Código de Enjuiciamientos en materia civil de 1882, que definió en el artículo 48 que “son árbitros los jueces elegidos por las partes para que decidan los asuntos que les sometan voluntariamente”. Tiene el arbitraje más de 140 años de reconocimiento estatal. Por la confianza es la alternativa preferida por los inversionistas nacionales y extranjeros. Estos, por los múltiples atractivos del Ecuador, se suelen enamorar de nuestro país, pero difícilmente de su sistema de justicia. El fortalecimiento del arbitraje debe ir de la mano con el fortalecimiento de la justicia estatal. Todos debemos apoyar ambos fortalecimientos. Es lo correcto. (O)