El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar las negociaciones para intentar evitar que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) acabe en el Tribunal Constitucional. El acuerdo, publicado este lunes en el BOJA y en el BOE, abre formalmente la vía de diálogo prevista en la legislación para resolver las discrepancias detectadas por el Ejecutivo central antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Este paso da continuidad al procedimiento activado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo, cuando inició los trámites para impugnar la norma impulsada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, como adelantó entonces elDiario.es. En un informe jurídico previo al recurso, el Ministerio de Política Territorial apreciaba posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y advertía de “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza.
La publicación del acuerdo se ha producido al día siguiente de la toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta tras su pacto de gobierno con Vox. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo andaluz continúa en funciones y sitúan la puesta en marcha de las conversaciones una vez se constituya el nuevo Gobierno, previsiblemente el próximo jueves o viernes.
