Mar�a Miyar BustoActualizado Lunes,
julio
22:24El plazo de solicitud de la regularizaci�n extraordinaria que el gobierno abri� el 14 de abril se ha saldado con 1.174.978 solicitudes registradas, m�s del doble que la previsi�n de regularizados de medio mill�n anunciada por el Gobierno. Esta cifra final constituye, adem�s, una especie de censo involuntario de la irregularidad, que ascender�a a unas 935.000 personas una vez descontadas las 240.000 solicitudes de demandantes de asilo. �C�mo pudo el Gobierno equivocarse tanto en el dato fundamental de una pol�tica de Estado de tal envergadura? Aunque nunca ha justificado de d�nde sali� su previsi�n, solo caben tres explicaciones. La primera, que la calculara mal. La segunda, que no existiera c�lculo alguno. Y la tercera, que la previsi�n existiera y fuera m�s alta, pero que se comunicara a sabiendas una cifra menor para transmitir la informaci�n gradualmente y rebajar el coste pol�tico. No hay m�s opciones. O se calcul� mal, o no se calcul�, o se calcul� y se minti�.�Pudo tratarse de un simple error de c�lculo? Es improbable. Espa�a dispone de una infraestructura estad�stica que permite, en mayor medida que la de otros pa�ses, estimar la irregularidad con precisi�n. El Padr�n inscribe tambi�n a la poblaci�n en situaci�n irregular, de modo que basta comparar el total de empadronados con la poblaci�n en situaci�n administrativa regular (el llamado m�todo residual). De hecho, las estimaciones que han circulado no andaban lejos de la cifra final. La Polic�a Nacional preve�a entre 1 y 1,3 millones de solicitudes y Funcas estimaba 840.000 personas en situaci�n irregular un a�o antes de la fecha de referencia de la medida, con un crecimiento anual de unas 90.000, es decir, pr�cticamente los 935.000 en situaci�n irregular. Cuesta creer que el Gobierno, con mayor acceso a datos que nadie, fallara donde otros acertaron.Ninguna de las otras dos hip�tesis me parece aceptable. No haber calculado la poblaci�n en situaci�n irregular, siendo un c�lculo tan accesible, supone una negligencia notable, m�s evidente ahora que sabemos a ciencia cierta que afecta a m�s de un mill�n de personas, al mercado de trabajo, a los servicios p�blicos y a la posici�n de Espa�a en el espacio Schengen. Ser�a una confirmaci�n m�s (�otra!) de la ausencia de planificaci�n de nuestra pol�tica migratoria, pero tambi�n de la ligereza con que se adoptan decisiones que afectan al n�cleo de nuestro modelo social y econ�mico y de que este es poco m�s que una moneda de cambio del juego partidista. No es menos grave que si fuera cierta la tercera hip�tesis, que supone, adem�s de una falta grav�sima de �tica p�blica, infantilizar a la opini�n p�blica y un regalo para quienes alimentan al monstruo de la polarizaci�n.En todo caso, la muy probable improvisaci�n dej� huella documental en la tramitaci�n y el Consejo de Estado, aunque emiti� un dictamen favorable, oblig� a retocar el texto, se�alando una llamativa laguna sobre el impacto presupuestario de la norma. Y es que dif�cilmente pod�a estimarse el coste de un proceso si se desconoc�a su dimensi�n. Los requisitos, adem�s, mutaron desde el anuncio inicial y hubo que incorporar algunas condiciones (haber trabajado, disponer de una oferta de empleo o certificar la vulnerabilidad) al texto definitivo. El certificado de vulnerabilidad, cuyo modelo no estuvo disponible hasta ya abierto el plazo, gener� confusi�n, colas y criterios dispares entre unos servicios sociales y entidades emisoras que se enteraron sobre la marcha. Y si la memoria de impacto normativo ha tenido que demand�rsela el Congreso al Gobierno, la palabra imprevisi�n se queda corta.A esta falta de planificaci�n se suma una omisi�n de calado, y es que la medida no incorpora mecanismo alguno para que la poblaci�n irregular deje de crecer. Espa�a recibe flujos de entrada muy elevados que, por la propia arquitectura de nuestro modelo (entrada regular, ca�da posterior en la irregularidad, a�os de econom�a sumergida hasta el arraigo), han generado en los �ltimos a�os una media 90.000 personas irregulares nuevas cada a�o. As� que, aunque la regularizaci�n reduce el stock de irregulares, deja intacto el mecanismo por el que esta poblaci�n crece. Es llamativo y alarmante que ni siquiera se haya abordado, aunque fuera de pasada, este tema en el debate p�blico. Si todo siguiera igual, en cinco a�os habremos acumulado cerca de medio mill�n de personas m�s en situaci�n irregular, justamente la cifra con la que el Gobierno justific� esta operaci�n. �Tocar� entonces otra regularizaci�n extraordinaria? �Ser� que el medio mill�n se refer�a a esa segunda regularizaci�n?Se objetar� que la evidencia acad�mica descarta que las regularizaciones produzcan un efecto llamada significativo, atendiendo al efecto marginal de cada medida. Sin embargo, lo relevante no son los efectos de cada pol�tica concreta sino las se�ales que emite el conjunto del sistema. En Espa�a, esas se�ales anuncian que la irregularidad no es un riesgo, sino un peaje transitorio que se paga por venir, puesto que quien entre y aguante acabar� regularizado, antes o despu�s, por arraigo o por decreto. Un modelo que selecciona a inmigrantes dispuestos a atravesar a�os de irregularidad no atrae a quienes aspiran a desarrollar una carrera profesional en ocupaciones de alto valor a�adido. Espa�a recluta, de facto, tolerancia y resistencia a la precariedad.Un pa�s serio no gestiona una cuesti�n estrat�gica mediante decretos expr�s dise�ados sobre cifras que nadie ha calculado o ha querido decir. La regularizaci�n ha vuelto a poner de manifiesto que Espa�a no se toma en serio la pol�tica migratoria y que los partidos pol�ticos usan en su beneficio cuestiones que condicionar�n nuestra demograf�a, nuestro mercado de trabajo y nuestra cohesi�n social durante d�cadas. Y todo esto, adem�s, se admite. Tenemos ante los ojos la evidencia de una negligencia flagrante pero no se espera rendici�n de cuentas, ni explicaci�n ni rectificaci�n alguna. Hasta la siguiente.Mar�a Miyar Busto es Directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora titular de Sociolog�a de la UNED.
