M�s de 600.0000 solicitantes ya cuentan con un permiso preliminar de trabajo tras iniciarse la tramitaci�n de su expediente. Colombia ocupa el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Per� con un 8,8%, seg�n el primer balance oficial de la Seguridad Social. Los primeros dato del proceso extraordinario de regularizaci�n de extranjeros arrojan un desbordamiento de las previsiones iniciales del Gobierno, que estimaba que en torno a medio mill�n de personas podr�an acogerse. Nada m�s lejos de la realidad, el primer balance oficial ofrecido por el Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones cifra en 1.174.978 solicitudes las recibidas entre el 16 de abril y el pasado 30 junio, cuando finaliz� el proceso. La cifra, por lo tanto, m�s que duplica las estimaciones iniciales realizadas de solicitudes. Seg�n el departamento de la ministra Elma Saiz, de todas ellas, m�s de la mitad (52%) ya han sido admitidas a tr�mite lo que supone que unas 608.000 personas ya cuentan con un permiso provisional de trabajo y residencia en Espa�a. Adem�s, tal y como ha detallado el Ejecutivo en el primer balance las comunidades aut�nomas donde se han registrado un mayor n�mero de solicitudes han sido Catalu�a con m�s de 253.000, seguida de la Comunidad de Madrid con 202.000, la Comunidad Valenciana con 167.000, y Andaluc�a con 161.000. Atendiendo a la procedencia de los solicitantes, el 67% son personas procedentes de Am�rica Central y Am�rica del Sur. En concreto, Colombia ocupa el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Per� con un 8,8%. Le siguen Honduras con un 4,8%, Paraguay con un 3,8% y Argelia con un 3,4%. Y ya en porcentajes menores se encuentran Senegal con el 2,9%, Pakist�n con el 2,5% y Argentina con el 2,3%, mientras que el 20,5% restante corresponde a otras nacionalidades."Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra pol�tica migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", celebraba Elma Saiz tras informar sobre las primeras estad�sticas del proceso. Para acceder a este proceso de regularizaci�n, los solicitantes deb�an cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, haber ingresado y permanecido de forma continuada en Espa�a antes del 1 de enero de 2026; carecer por completo de antecedentes penales, tanto en el territorio espa�ol como en el pa�s de origen del interesado; y, por �ltimo, para aquellos solicitantes de asilo pol�tico que participen en este procedimiento deb�an desistir de su tr�mite de protecci�n internacional una vez que les fuera concedida la correspondiente autorizaci�n de residencia.Choque con el Tribunal SupremoEl final del proceso, no en vano, ha estado marcado por las dudas que ha sembrado en el Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de la norma impulsada por el Gobierno con el derecho de la Uni�n Europea. De hecho, ser� en las pr�ximas horas cuando el Ministerio dirigido por Elma Saiz elevar� una serie de alegaciones, que el Alto Tribunal ha invitado a realizar a las partes tras atender a los recursos que han planteado los gobiernos de Arag�n y la Comunidad Valenciana. El primer punto de conflicto se�alado por el Tribunal Supremo se refiere a la concesi�n de residencia temporal por arraigo a las personas que presentaron una solicitud de protecci�n internacional antes del 1 de enero de 2026, incluso en los casos en que el asilo haya sido denegado y existan procedimientos activos de devoluci�n o expulsi�n. Los magistrados advierten que esta medida podr�a contravenir el reglamento europeo de protecci�n internacional, que establece que el derecho de permanencia provisional en un territorio mientras se resuelve una solicitud de asilo no constituye bajo ning�n concepto un permiso de residencia.El segundo motivo de discrepancia radica en la concesi�n de residencia temporal a los inmigrantes en situaci�n irregular que se encontrasen en el pa�s antes de la fecha l�mite, lo que implica el archivo autom�tico de sus expedientes de expulsi�n. El Alto Tribunal cuestiona si esta disposici�n es compatible con la Directiva de Retorno de la Uni�n Europea de 2008, se�alando que la medida podr�a estar eludiendo la aplicaci�n de las �rdenes de retorno correspondientes al otorgar un derecho de residencia de car�cter generalizado basado �nicamente en la estancia irregular, en lugar de realizar una valoraci�n individualizada seg�n lo estipulado por el marco comunitario.