Dos empleadas del PSOE imputadas en la causa de la Audiencia Nacional conocida como caso Leire han recurrido la decisión del juez Santiado Pedraz de anular una diligencia clave del pasado mes de mayo: la incautación de los teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil. Su defensa entiende que esta medida, adoptada en el domicilio de ambas, se tomó con una “clara vulneración” de hasta cuatro derechos fundamentales, “sin asistencia letrada” y “sin mandato judicial”. Las dos están imputadas en la rama de la investigación que analiza si el partido sufragó gastos y viajes a Leire Díez mientras, supuestamente, se dedicaba a dinamitar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
La defensa de Cela Rodríguez y Covadonga San Pedro explica que el mandamiento del juez incluía la incautación de dispositivos electrónicos en la sede del PSOE pero que los agentes de la UCO se presentaron en su casa con un mandamiento de investigadas no detenidas y se apoderaron de sus terminales, el personal y el del trabajo, que especificaran su PIN y las cuentas de correo asociados a uno y otro.
Por tanto, dice la defensa, la UCO actuó “sin mandato judicial, obviando que la no adopción de esa incautación no la puede arbitraria ni ilícitamente acordar la fuerza actuante al no darse los requisitos de urgencia y flagrancia requeridos para acometer una invasión tan determinante del derecho fundamental a la intimidad”.
