Dos trabajadoras del PSOE han presentado un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que denuncian que la UCO ha volcado sus teléfonos móviles personales sin el permiso del juez que investiga las presuntas cloacas del partido, Santiago Pedraz. Ambas pidieron al instructor anular esta diligencia y, ante el rechazo del magistrado, lo reclaman ahora a la Sala de lo Penal. Tal y como apunta su escrito y confirman fuentes jurídicas, la Guardia Civil se personó el pasado 27 de mayo en sus domicilios e intervino sus teléfonos personales y corporativos pese a que ninguna de las dos está imputada todavía. Al parecer del letrado que las defiende a ambas, ello comporta una "clara vulneración" del derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y al derecho a conocer la acusación y la defensa. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo, el mismo día en que tuvo lugar el registro de la sede del PSOE en Ferraz y se destapó la existencia de una supuesta operación financiada por el PSOE, dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez para "desestabilizar" causas judiciales. Esa mañana, sobre las 8.30 horas, la UCO acudió al domicilio de las dos trabajadoras y les informó de que estaban investigadas por organización criminal. No están formalmente imputadas por el juez instructor de la Audiencia Nacional, pero si por la UCO, según se desprende del atestado que resultó de los registros. A continuación, los agentes informaron a las dos de sus derechos como investigadas y reclamaron que entregaran "sus teléfonos móviles, el personal y el laboral, con especificación de su PIN y de las cuentas de correo asociadas a uno y otro". Así lo precisa el recurso de su defensa. Después, cuando la UCO informó al juez Pedraz de las actuaciones practicadas en los días anteriores, apuntó que el volcado de los teléfonos se realizó "por haberlo así considerado los instructores policiales". El auto que dictó el magistrado de la Audiencia Nacional antes de los registros únicamente avalaba a la unidad policial para volcar íntegramente el correo corporativo de ambas trabajadoras, pero no los teléfonos personales. Además, tal y como expone el letrado de las dos empleadas, la entrada en sus domicilios se produjo "en ambos casos sin asistencia letrada". Al abogado de las trabajadoras de Ferraz no le consta que la UCO informara del volcado al juez en las 24 horas sucesivas ni que el magistrado validase en las siguientes 72 horas "tan invasiva y carente de cobertura legal actuación policial". El escrito del letrado apunta que los hechos descritos "forman parte de una persistente y prolongada acción en el tiempo". Acusa a la UCO de acumular "información extraordinariamente sensible" de "centenares de personas", datos obtenidos "de las entrañas de sus teléfonos móviles". De acuerdo con el recurso, la UCO usa esa información para "construir relatos incriminatorios" adornados con "preocupantes sesgos aparentemente delictivos, que trasladados a la opinión pública tienen un efecto devastador". El abogado mantiene que la ley de Enjuiciamiento Criminal exige que la incautación de un teléfono móvil venga motivada "expresamente" por una resolución judicial. "La simple incautación del dispositivo durante el registro no legitima el acceso a su contenido, salvo autorización ulterior del juez competente", cita el abogado. Después advierte de que, pasado más de un mes desde el registro, una resolución judicial que se dictara ahora no podría "convalidar la nulidad originaria al haberse producido el acceso [a los móviles] sin autorización y sin las debidas garantías".