Imagen creada por IA con Leire Díez, Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. (Imagen Ilustrativa Infobae)La confusión judicial que se vive en España es tal (hay tantos sumarios abiertos) que cuando seis agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron esta mañana en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, algunos medios publicaron que se trataba de un registro en una operación sobre la financiación ilegal de los socialistas. No fue un registro como tal, sino un requerimiento de información y documentación que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado al PSOE porque ha abierto una pieza separada y secreta en el caso en el que ya están imputadas tres personas: Leire Díaz, la conocida como ‘fontanera del PSOE’; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y el empresario Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.Como dicen los forenses, vamos por partes. Esta causa empezó para investigar una supuesta trama de corrupción por la que fueron detenidos en diciembre la propia Leire Díez; Vicente Fernández y Antxon Alonso: Los tres, que usaban para comunicarse un grupo de WhatsApp llamado ‘Hiruro’, formaron presuntamente una estructura para el cobro de comisiones presuntamente ilegales, y, para ello, contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”. En total, la investigación se centra en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones. Todos ellos fueron acusados de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.PUBLICIDADPero durante el transcurso de estas pesquisas, la UCO ha encontrado indicios de que el PSOE pudo girar facturas falsas para financiar a lo que se conoce como cloacas socialistas, una red presuntamente liderada por Leire Díez para “desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido al Gobierno”. La Audiencia Nacional quiere profundizar ahora en esta trama, a la que se atribuyen ocho delitos y que fue impulsada desde el partido para acabar con aquellos que el PSOE considera sus enemigos, entre ellos fiscales, jueces y la propia UCO. Los delitos son organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.Varios medios de comunicación, este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz durante el registro de la UCO (Diego Radamés - Europa Press)