La Audiencia Nacional ha ordenado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acudan a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir diversa documentación relacionada con “una trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno”. Según informan varias fuentes jurídicas, el magistrado Santiago Pedraz ha reimpulsado así la investigación abierta sobre Leire Díez, exmilitante socialista, a la que ya se detuvo el pasado diciembre. Según estas mismas fuentes, el juez también ha imputado, entre otros, a la gerente de la formación, Ana Fuentes; a Santos Cerdán, ex secretario de Organización; a Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía; y al empresario Javier Pérez Dolset. Pedraz ha autorizado el registro de los domicilios de estos tres últimos.De esta forma, las pesquisas de la Audiencia Nacional experimentan un salto mayúsculo y amplían su radio de acción. Según estas fuentes, Pedraz investiga también a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo (este defiende a Cerdán en la causa abierta contra él por la supuesta trama de amaño de obra pública); y al capitán de la Guardia Civil y exmiembro de la UCO Juan Sánchez Yepes. Y apunta a la existencia de “indicios” de que Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos; y el diputado socialista Juan Francisco Serrano, “colaboraron con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan” —aunque, sobre ambos, el magistrado considera que habrá que esperar a cómo evoluciona el caso para “concretar su responsabilidad penal”—.Fuentes jurídicas y de la investigación confirman que las pesquisas indagan en los pagos sospechosos del PSOE a Leire Díez y a otras personas para que realizaran supuestas campañas de desinformación contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros. Estas mismas fuentes, que niegan que se hayan detectado hasta ahora indicios de financiación ilegal del Partido Socialista, añaden que estas entregas de dinero se camuflaban presuntamente con facturas falsas (por lo que se apunta contra la gerente).Este avance abre la puerta, además, a que la Audiencia Nacional asuma la investigación que ya llevaba a cabo un juzgado de Madrid contra Leire Díez por sus presuntas maniobras contra fiscales e investigadores de la UCO. El magistrado instructor Arturo Zamarriego la mantiene imputada desde el pasado verano, a raíz de que se difundiese un audio donde insinuaba que podía ofrecer favores de la Fiscalía a un empresario encausado a cambio de que este aportara datos comprometedores de determinadas autoridades. Varias fuentes jurídicas apuntan a que Pedraz tendrá que estudiar si acumula ahora ambos procedimientos.De momento, esta nueva parte de la causa de la Audiencia Nacional, que se mantiene bajo secreto de sumario, versa sobre los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. El juez Pedraz atribuye todos ellos a Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver.A Jacobo Teijelo y al capitán Sánchez Yepes se les investiga por revelación de secretos, cohecho y delitos contra las instituciones del Estado. Y respecto a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, el magistrado considera que existen indicios de su “responsabilidad”, “al menos como cómplice”, en la comisión de los delitos, y “como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces”. Según fuentes jurídicas, al dictar las resoluciones para argumentar los registros de este miércoles, el juez Pedraz ha subrayado la “gravedad” de la presunta actividad delictiva y las penas que conlleva, así como “el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación”.InterrogatoriosLos agentes de la UCO tienen previsto tomar declaración este miércoles a varias personas, tanto testigos como investigados, en el transcurso de las diligencias. Leire Díez asegura a EL PAÍS que no le han comunicado que haya sido imputada por estos hechos. Fuentes jurídicas y de la propia investigación confirman que la Audiencia también ha solicitado a los agentes que acudan a la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil, en la madrileña calle de Guzmán el Bueno, a hacer un requerimiento de información. El grupo de agentes desplazados hasta allí, y que encabeza el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción encargado de las investigaciones que afectan al Gobierno, pretende recopilar información sobre dos informaciones reservadas (investigaciones internas) que el instituto armado ha abierto en el último año para identificar la supuesta filtración a la prensa de datos de pesquisas relacionadas con causas que llevaba la UCO que afectaban al Gobierno. Una de ellas se inició por la supuesta difusión de mensajes comprometidos de WhatsApp entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otros miembros de su partido, pese a que se conocía que los había facilitado presuntamente aquel a la prensa. Según detallan fuentes del instituto armado, ambas investigaciones terminaron siendo cerradas sin que se abriera ningún expediente disciplinario. La sospecha es que la apertura de ambas pesquisas secretas fue supuestamente instigada por la trama de desinformación en un intento de “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación” de la UCO y del teniente coronel Balas, convertido en objetivo prioritario a desacreditar. De hecho, en una grabación difundida el año pasado aparecían Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentando convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les facilite información comprometedora contra este mando. “Si está muerto, mejor me lo pones”, se escuchaba decir a la exmilitante del PSOE.Tras conocerse la noticia de la presencia de la UCO en la sede del PSOE, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad” y colaboración durante una entrevista en Catalunya Radio: “El Partido Socialista es distinto al PP y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada”, ha apuntado. Minutos después de conocerse la operación, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir elecciones anticipadas. “Estamos en una situación agónica, estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo de gobierno, no solo del PSOE, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio”, ha dicho el dirigente del PP en los pasillos del Congreso, antes de la sesión de control al Ejecutivo. Dentro del hemiciclo, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido “tolerancia cero” ante toda “actitud o comportamiento irregular o ilegal”; y ha pedido, en la misma línea, “respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia”.El inicio del casoEl origen de esta causa se sitúa en una investigación sobre una supuesta trama de corrupción por la que fueron detenidos en diciembre la propia Leire Díez; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán. Según la investigación, los tres ―que usaban para comunicarse un grupo de WhatsApp llamado Hirurok, “nosotros tres”, en euskera― formaron presuntamente una estructura entre 2021 y 2023 para el cobro de comisiones presuntamente ilegales, y, para ello, contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”. En total, esa parte de las pesquisas se centra en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones. Entre las empresas salpicadas en esa fase de la investigación, se encuentran Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA); Sepides, adscrita a la SEPI; Servinabar; Forestalia, una mercantil de energías renovables; y Tubos Reunidos, para la que la SEPI aprobó en 2021 un rescate de 112,8 millones de euros (que contó con el preceptivo respaldo del Consejo de Ministros). Las mordidas, que según las primeras estimaciones superaron los 750.000 euros, se canalizaron supuestamente a través de la empresa Mediaciones Martínez.Con información de Irene Dorta, Rocío Martínez Posada y José Manuel Abad.