La presencia de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE para requerir determinada documentación no tiene que ver con la búsqueda de una caja B, como aireó un digital y denunció el PP en el Congreso. Ese movimiento está vinculado a una pieza separada y secreta desgajada de la causa penal que asumió el juez Santiago Pedraz en diciembre pasado contra el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díez por el supuesto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos.
El caso que ahora se investiga y que provocó la presencia de guardias civiles en la sede del PSOE tiene que ver con las actividades de Leire Díez, quien durante los últimos años ha maniobrado junto al empresario Javier Pérez Dolset, imputado en una de las piezas del caso Tándem y víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar tanto las andanzas de la policía patriótica que funcionó en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, como las supuestas corruptelas que —consideran— se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.
La exmilitante socialista celebró reuniones en este tiempo, muchas de ellas grabadas, con guardias civiles, fiscales, o exdirigentes del PP ofreciendo en falso favores en nombre del Gobierno socialista a cambio de información sobre actividades corruptas del PP, de fiscales, de jueces o de guardias civiles.
