El PSOE todavía no había recuperado los ánimos tras conocerse la imputación hace una semana del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron este miércoles en su histórica sede nacional, en la madrileña calle de Ferraz. Los agentes aterrizaron en el cuartel general de los socialistas bajo mandato de Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, que investiga una supuesta trama de corrupción urdida para “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”. El juez ordenó al instituto armado que reclamara documentación a la formación —o se la llevase por la fuerza si no colaboraba— sobre los presuntos implicados, entre los que se encuentran la exmilitante Leire Díez; Santos Cerdán, ex secretario de Organización; Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía; y el empresario Javier Pérez Dolset.En la resolución que autorizaba a la UCO a ejecutar su requerimiento, donde también imputa delitos a la gerente del PSOE (Ana Fuentes), Pedraz describe una “organización” delictiva liderada por Cerdán, que “[puso] a disposición de la estructura criminal la estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada”. El juez sospecha que dinero del PSOE se utilizó para pagar a los miembros de la trama, especialmente a Leire Díez, que niega las acusaciones. Entre las irregularidades relatadas por el magistrado se encuentran maniobras contra fiscales y los jueces que han dirigido las pesquisas contra el hermano y la mujer de Pedro Sánchez, así como contra la instructora del caso de los ERE, por el que Zarrías fue condenado. Así enumera el magistrado una “muestra” de las “distintas acciones susceptibles de revestir relevancia penal”: “Funcionarios públicos fueron objeto de ofrecimientos de diversa índole, solicitando a cambio actuaciones de diferente naturaleza y con posible trascendencia en su desempeño profesional; se materializó al menos un ofrecimiento, en este caso de naturaleza meramente económica, a un testigo en un procedimiento judicial y con el objetivo de adecuar su testimonio a sus intereses; se recabaron informaciones calificadas como secretas, posteriormente utilizadas para sus fines; o se pretendió influir en determinados cargos públicos para la obtención de resoluciones acordes a sus pretensiones”.El origen: el grupo Hirurok. En junio de 2021, Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y el empresario Joseba Antxon Alonso crearon un grupo de Threema (una aplicación de mensajería encriptada) llamado Hirurok, que en euskera significa “nosotros tres”. La relación entre todos había empezado tiempo atrás. El exsecretario de Organización del PSOE conocía a Vicente Fernández al menos desde 2018 y “existen elementos”, según el juez, que apuntan a que Cerdán quería que mantenuviera su “capacidad de influencia y decisión” en la SEPI. No lo consiguió porque el 3 de marzo de 2021 se nombró a Belén Gualda como nueva presidenta. El “grupo” intentó entonces que Leire Díez fuera designada jefa de su gabinete, para “recuperar el control” de la empresa pública. “Aunque tenga que ser yo la que hable con súper jefe”, dice un mensaje que transcribe el juez. Pero Díez —que conocía a Vicente Fernández desde 2019, de su etapa como responsable de comunicación de Enusa (compañía participada por la SEPI)— tampoco logró ningún cargo allí. Acabó contratada en Correos en noviembre de 2021; y Fernández, en la mercantil Servinabar, propiedad de Antxon Alonso y ahora implicada en una trama de corrupción por amaño de obra pública. El grupo Hirurok se puso entonces a funcionar, según el magistrado. El pasado diciembre, cuando los agentes de la UCO detuvieron y registraron los domicilios de Díez, Antxon Alonso y Fernández, en sus móviles encontraron decenas de mensajes que han servido de base para la investigación. La carta a la ciudadanía. El 24 de abril de 2024, unos días después del inicio de la causa contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, Pedro Sánchez publicó la denominada como “carta a la ciudadanía” y se sumergió en un periodo de reflexión que no terminaría hasta el día 29 de abril. “Me voy de urgencia a Madrid [...]. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, le contó Leire Díez a Vicente Fernández un día después. La investigación sitúa aquí el nacimiento de los movimientos de los investigados para buscar supuestamente cómo desarmar causas judiciales en marcha contra el PSOE o contra miembros relacionados con el Gobierno. La primera reunión en Ferraz: punto de inflexión. Leire Díez, junto al empresario Javier Pérez Dolset, acudió a la sede de Ferraz el 26 de abril de ese año para verse con Cerdán; con quien fuera efe de gabinete de Sánchez antes de llegar a La Moncloa, Juan Manuel Serrano; y con el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, entre otros, según el juez. “Esta reunión se considera un punto de inflexión”, indica Pedraz. A partir de ese momento “comienzan a desarrollar una serie de acciones, cuya pretensión era la desestabilización” de las investigaciones en marcha. Ya en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid (que investiga por unos hechos muy similares a Díez y a Pérez Dolset), el propio Cerdán reconoció la existencia de este encuentro, aunque relató que Díez acudió allí en calidad de periodista para entregar, junto a Pérez Dolset, material del comisario José Manuel Villarejo que les podía interesar. Entre las notas que los agentes han hallado de la exmilitante, se refleja: “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”. 39 reuniones. A partir de entonces, la UCO documenta “al menos” 22 reuniones en la sede del partido, la mayoría entre Díez y Cerdán. Ella, ante el juez de Madrid que la investigaba por cohecho, explicó que solo se había reunido dos veces con el ex secretario de Organización y que había sido en calidad de periodista. En cambio, el juez Pedraz refuta esta versión. Y apunta que, además de las 22 organizadas en Ferraz, hubo otros 17 encuentros más entre el periodo de abril de 2024 y el 21 de mayo de 2025, que sucedió el último. En total, existieron 39 reuniones que sirvieron de “coordinación” y “dación de cuentas”, reza el escrito. Cuatro viajes de Leire Diéz y uno de Dolset. Tras la finalización de la reunión inicial en Ferraz (el 26 de abril de 2024), una empleada del partido emitió a Leire Díez la reserva de un billete de avión para regresar a su residencia habitual. El partido no solo asumió el coste de este viaje, según el magistrado, sino que sufragaron a la exmilitante al menos otros cuatro. Al empresario Javier Pérez Dolset también le abonaron un viaje a Zaragoza con el objetivo de asistir a una reunión que no se especifica. Pedraz indica que Cerdán, como secretario de Organización socialista que era, puso “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido” y asumió las “necesidades logísticas” de la trama. Los pagos a través de Zarrías y un abogado. Poco después de esa primera cita, Leire Díez comenzó a manifestar a su entorno que Cerdán quería remunerarle. “Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente, ¿no?”, comentó el 12 de mayo de 2024 a Vicente Fernández. “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”, añadió. Pedraz puntualiza que se refiere al exvicepresidente de la Junta de Andalucía; quien, a partir del 26 de junio de ese año, empezó a pagar a Díez con 4.000 euros mensuales a través de su sociedad Zaño Consultora. El propio Zarrías confirmó esta cifra (16.000 euros en cuatro meses) ante el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, si bien dijo que era porque Díez se había propuesto para realizar una investigación sobre si el comisario Villarejo estaba detrás del germen del caso de los ERE, por el que él terminó condenado en un primer momento. Cuando su relación contractual con Zarrías termina —“Pero tendrás que hablar con Santi también. Porque él es tu cliente en última instancia”, le dijo Vicente Fernández a Díez— se articuló “un segundo procedimiento”, dice el magistrado. En este caso, “utilizando la intermediación de dos sociedades” administradas por el abogado Ismael Oliver, que fue defensor de Koldo García y cuyo despacho la UCO ha registrado este miércoles. El PSOE abonó a Estudio Jurídico Oliver 27.225 euros; y, “con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos”, según el juez, él abonó esa misma cantidad a Leire Díez, pero desde una segunda sociedad llamada Oliver Gruppe. Los agentes tienen mensajes entre ellos que apuntalan esta teoría: “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, ¿te parece?”, le dijo Oliver; “Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias, que es qué concepto pongo en una y en otra”, preguntó él. “En la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra yo creo que también debería poner labores de consultoría”, respondió Díez. Una campaña de publicidad para un digital. El auto relata también cómo el PSOE hizo llegar a la periodista Patricia López (actualmente fallecida) una cuantía cercana a 20.000 euros a través de una campaña de publicidad al medio Crónica Libre. “Buenas, Patricia. Soy Ion Antolín. La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K”. Según el juez, esto tiene relación con las actuaciones por unas notas encontradas de Leire Díez donde se vincula la “creación de un periódico” con una “operación PSOE”. La nacionalidad de Nervis Villalobo y la excarcelación de Aldama. El letrado Ismael Oliver es también abogado de Nervis Villalobos, el viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, para quien, según el instructor, se hicieron gestiones con la intención de lograr la nacionalidad española. A finales de 2024, Díez se intercambió documentación con Oliver sobre ese tema y, a principios de 2025, el letrado insistió reiteradamente en el asunto, dice el juez. En una de las conversaciones le llegó a plantear una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o “alguien de su confianza”. Finalmente, no se consiguió ningún trámite. La cercanía entre Oliver y Leire Díez se refleja en que el 21 de noviembre de 2024, el día que fue excarcelado Víctor de Aldama, ella le escribió: “Han soltado a Aldama. De traca. He hablado con Santos, se reunirán contigo para hablar de la estrategia jurídica del partido y la defensa porque esto es un desastre”. Luego, ella escribió a Vicente Fernández: “Al fin ayer parece que mi empeño en cambiar la estrategia jurídica del partido ha calado y lo haremos con Ismael. Y Jacobo”. El abogado de Cerdán y los hidrocarburos. El auto implica también al letrado Jacobo Teijelo, defensor en distintos procedimientos de Santos Cerdán y de Javier Pérez Dolset, fundador de la empresa tecnológica Zed WorldWide. Sobre él explica que fue, de alguna manera, a quien le adjudicaron la responsabilidad “de una de las líneas de actuación”. En concreto, la de hidrocarburos. “Todo esto de los hidrocarburos ya te lo he adjudicado a ti”, le dijo Díez. El abogado en otra conversación con el empresario Pérez Dolset reflejó que había posibilidades de anular el caso Koldo: “Lo que sí te puedo decir, es que lo que hay es una oportunidad más para ellos (Gobierno), que para mí o mi cliente. En primer lugar, porque hay una nulidad de actuaciones que se podría transmitir hasta las causas de Koldo [...]”. Según el magistrado, esta fue considerada una “línea prioritaria de la organización” que, además, en palabras de Leire Díez era importante para Cerdán “por orden del one”. 50.000 euros para sobornar a Carmen Pano. Pedraz refleja que hubo un ofrecimiento que sí llegó a cristalizar y fue el que se le hizo, supuestamente, a Carmen Pano, relacionada con Víctor de Aldama e investigada en el caso hidrocarburos. Esta mujer aseguró, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, que había llevado 90.000 euros en dos tandas en bolsas a Ferraz. El juez describe que cuando ella estaba citada para una segunda declaración, hubo movimientos entre el abogado Oliver y Leire Díez para ofrecerle dinero a cambio de que cambiara su versión. En concreto, 50.000 euros. “Es importante y si queréis lo negocio yo”, le dijo el letrado. “Esta se vende. Debemos saber comprar”, consta en las conversaciones. La materialización la llevó a cabo, según el juez, la abogada Leticia de la Hoz (que defendió a Koldo justo después de que Oliver dejara la defensa). De la Hoz niega la totalidad de estos hechos. “Es completamente falso e infundado”, aseguró este miércoles en un comunicado, donde incidió en que Pano había estado en su despacho, pero que había sido “expulsada” por “motivos graves” que “de momento no pueden ser revelados”. 300.000 euros para Grinda. La trama desplegó supuestamente, a su vez, una doble estrategia contra José Grinda, el fiscal del área de Anticorrupción que había impulsado unas pesquisas contra Nervis Villalobos y otras contra el fundador de Zed. Por un lado, según el juez, la red buscó información comprometedora contra el representante del ministerio público y se contactó con una mujer para usar su testimonio contra él. Pero, por otra parte, se recurrió presuntamente a un intermediario para que le hicieran llegar a Grinda un ofrecimiento de soborno. Según el magistrado, si el fiscal ayudaba con el archivo de determinadas causas judiciales o facilitaba información sobre su jefe Alejandro Luzón, se le premiaría con un “puesto de trabajo en el extranjero” o con dinero. “En una de las agendas intervenidas a Leire, se ha localizado una anotación manuscrita que recoge: ‘300.000 euros xra [sic] ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”. El audio de Stampa. La red trató de extender sus tentáculos al fiscal Ignacio Stampa, que llevó el caso Villarejo dentro de Anticorrupción (hasta que fue apartado tras una intensa campaña de descrédito contra él). Leire Díez y Pérez Dolset se reunieron en mayo de 2025 con él, a quien ella volvió a telefonear más tarde. Stampa, que grabó la cita, contó que le preguntaron por “irregularidades que pudiera conocer” de Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción; de José Grinda, también fiscal de esa área; y de Manuel García-Castellón, magistrado instructor de la Audiencia Nacional hasta su jubilación en 2024. “Durante estas [conversaciones], se le ofrecieron a Stampa cuestiones profesionales [en su beneficio], como su retorno a la Fiscalía Anticorrupción, así como personales, como la intercesión [a su favor] en un determinado pleito que el fiscal mantenía abierto”, expone Pedraz. Reuniones con guardias civiles. La actividad desplegada por la supuesta trama incluyó encuentros con guardias civiles imputados en causas de corrupción, con el objetivo de conseguir información comprometedora sobre sus mandos, según el juez. Pedraz relata así cómo Díez, Dolset y Teijelo se vieron las caras en diciembre de 2024 con el capitán Juan Sánchez Yepes, investigado en unas pesquisas sobre fraude en el sector de los hidrocarburos. El magistrado desvela que uno de los presentes grabó esa cita y que el audio evidencia que el capitán, “previamente destinado en la UCO”, facilitó datos de la “estructura” de dicha unidad y sus miembros, pese a que “se trata de información calificada como secreta porque así lo reconoce él mismo”. “Estoy cometiendo un delito de revelación de secretos”, afirma Yepes, según recoge la resolución.El sumario refleja otros dos encuentros que Leire Díez mantuvo en marzo de 2025 con el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Tras ellos, el agente confeccionó dos actas sobre lo hablado, que se han incorporado al procedimiento. Según Pedraz, este apuntó que la militante socialista le ofreció costear su defensa y “colocarlo en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían”, a cambio de que la ayudara a “intentar desmontar a la Guardia Civil” y le “pasara” información del fiscal Grinda y de mandos de la UCO, entre otros.