El río sonaba desde hacía tiempo. El nombre de la “fontanera” Leire Díez había empezado a retumbar. El PSOE la redujo a mera militante. La expulsaron y, con eso, pensaba que muerto el perro se acabó la rabia. Se negó la mayor, nadie sabía quién era esta mujer que había ocupado diversos cargos de responsabilidad en empresas públicas. El encarcelamiento del entonces secretario de organización del partido, Santos Cerdán, en junio del 2025 hizo sonar más fuerte el río, pero la detención de Díez en diciembre –ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz– no hizo más que empeorar las cosas para la formación que lidera Pedro Sánchez por una simple razón: desde ese mismo momento la UCO tenía su teléfono. Cinco meses después, las sospechas han salido a flote. Pedraz ha destapado una trama, liderada por Cerdán, cuyo objetivo era de­sestabilizar procesos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a la familia del presidente. Y todas sus actividades habrían sido pagadas con facturas falsas por parte de Ferraz –la sede del par­tido–.Una vez que el magistrado tuvo identificados a todos sus miembros y fijó su papel en la organización, dio el siguiente paso. Ayer dio la orden a la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se personara en la sede del PSOE para llevarse documentación, correos electrónicos, libros contables y libros de visitas, además de comunicar la investigación formal a la gerente del partido, Ana María Fuentes. De manera simultánea, otros agentes acudieron a los domicilios de los nuevos investigados: Cerdán, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset. Hay otro miembro de esta organización, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que ya fue detenido en diciembre junto a Díez, por lo que ya no hacía falta su registro. Según fuentes de la investigación, los agentes estuvieron doce horas en Ferraz.El instructor sitúa la imputación de Begoña Gómez en el punto de partida de la actuación de la tramaTodos ellos están unidos por un objetivo común: dinamitar procesos judiciales y, para ello, ir personal y profesionalmente contra fiscales, principalmente de Anticorrupción, jueces, concretamente Juan Carlos Peinado –que investiga a Begoña Gómez, mujer de Sánchez– y Beatriz Biedma –que ha llevado al banquillo de los acusados a David Sánchez, hermano del presidente–. Había otro objetivo, Antonio Balas, responsable de la UCO, unidad de la Guardia Civil encomendada para investigar los casos contra Ábalos, los de la familia de Sánchez y la del fiscal general, Álvaro García.Lee tambiénEstos movimientos habían sido denunciados por dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, y estaban siendo investigados por un juez de Madrid. Pero Pedraz ha encontrado los pagos “mendaces” que se habrían hecho desde la gerencia del partido a Díez y a una periodista que trabajaba para ellos –ya fallecida–, Patricia López. Además, hay rastro de que desde el partido se abonaron los viajes que hicieron las personas de la trama para reuniones tanto en Ferraz como con personas que podría ayudarles en sus objetivos.Al mismo tiempo que se entraba en la sede del PSOE se recababa información en las casas de otros imputadosA pesar de toda la maquinaria orquestada para “desestabilizar” las causas judiciales, sus objetivos no han tenido el resultado esperado: hoy arranca el juicio a David Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz; Begoña Gómez tiene el 9 de junio la audiencia preliminar como paso previo al juicio; Ábalos está en prisión, pendiente de sentencia; el ex fiscal general está ya condenado y Cerdán sigue investigado después de su paso por prisión.Pedraz sitúa el día de la imputación de Begoña Gómez y la publicación de una carta a la ciudadanía de Sánchez, donde anunciaba un periodo de reflexión de cinco días, el punto de partida de la trama. Ese mismo día, el 24 de abril del 2024, Cerdán pedía a Díez –con quien presuntamente habría montado otra red de corrupción dentro de la administración pública– que acudiese a Madrid para ayudar a Sánchez. Siempre según el juez, Díez se movilizó. Para ello, tendría la ayuda de Pérez Dolset, quien ya llevaba años recabando información contra el fiscal que había ordenado su detención, José Grinda. La idea era sacar trapos sucios de él, acusarle falsamente, y después ofrecer 300.000 euros a cambio de que archivara algunas causas –entre ellas la de Dolset– y diera información sobre su jefe, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón. Sería un dos en uno, intereses cruzados. Lo que buscaban, según Pedraz, era “de­sestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial”.Pedraz considera a Cerdán el líder de la red y al andaluz Gaspar Zarrías como pagadorPero aquello no le saldría gratis al PSOE, según recoge la investigación. La trama utilizaría al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías para pagar a Díez a través de su sociedad, y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. La gerente del partido, según el auto, habría elaborado “facturas mendaces” para pagar a los dos abogados o a Zarrías un dinero que después acabaría integramente en las cuentas de la “fontanera”. Por ahora, todos niegan la mayor.Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusosJoaquín VeraPeriodista especializado en información de Interior, Seguridad y Terrorismo Ver más artículos Redactor de la sección de Política de La Vanguardia. A cargo de la información de Interior y Defensa, con el foco en la Seguridad y el Terrorismo