La Corte Suprema de Estados Unidos falló 6-3 en el caso Chatrie v. United States y determinó que el acceso del gobierno a historiales de geolocalización de celulares constituye una “búsqueda” protegida por la Cuarta Enmienda. El fallo, emitido el 29 de junio, exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales obtengan órdenes judiciales basadas en causa probable y particularidad antes de acceder a esos datos.La decisión frena un mecanismo de vigilancia que podía afectar a millones de personas, incluidos migrantes latinos, al permitir reconstruir sus movimientos cotidianos a partir de información almacenada por empresas como Google.Qué cambia para el ICE y otros agentes migratoriosAsí es como el ICE puede rastrear los celulares de los migrantesICE / UnsplashLa herramienta de geovalla, bajo la lupa de la CorteEl caso Chatrie, origen del fallo históricoLa posición de la Corte sobre privacidad digitalEl fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre la obtención de datos de ubicación de celulares a gran escalaImagen ilustrativa generada con IAImpacto potencial para comunidades latinas en EE.UU.Para tener en cuentaEste fallo no significa que el ICE o la policía ya no puedan usar datos de ubicación, sino que deben pasar por una orden judicial basada en la Cuarta Enmienda antes de pedir historiales guardados por empresas como Google.Las comunidades latinas deben saber que el rastreo masivo por geovallas queda limitado: ya no es válido que se solicite información de todos los teléfonos en un área solo para “ver quién aparece”.En la práctica, cualquier persona que tema un uso abusivo de su información de ubicación puede consultar con abogados especializados en privacidad o inmigración sobre cómo este precedente refuerza sus derechos constitucionales en futuras investigaciones.