Paula Iglesias (Valencia, 36 años) tiene una sensación “agridulce”. La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, cargo en el que lleva desde finales de 2024, celebra que en España se hayan realizado “importantes avances legislativos”; que sea el país europeo que más respeta los derechos del colectivo, liderando el ranking de la ILGA; o el compromiso político con las cuestiones planteadas desde movimientos sociales como el que representa. Sin embargo, le preocupa que “el odio esté campando a sus anchas”. “Está muy bien celebrarse porque el activismo, a veces, puede tener un regusto amargo”, dice, “pero no se puede perder el foco: es muy preocupante el auge del odio y que sea más visible en el día a día de las personas LGTBIQ+ en la calle, en el trabajo, en las redes”. Hace dos años se puso al frente de la Federación, fundada en 1992 y que representa a más de 50 entidades de todo el territorio, pero Iglesias, que comenzó en el colectivo Lambda, lleva más de una década en el “activismo por los derechos humanos”. Es la persona más joven en presidir la Felgtbi+: “Todas las que formamos parte del equipo directivo, incluida yo, somos voluntarias, no cobramos un duro”. Lesbiana y feminista, Iglesias ha sufrido en sus carnes ese odio del que habla, sobre todo por su cargo y especialmente cuando se produce algún avance, como la reciente penalización de las falsas terapias que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. “Detrás de estas prácticas, expandidas por todo el mundo, hay redes internacionales, algunas eclesiásticas, que aportan financiación, bien para ejercer estas torturas, bien para afrontar las multas que se imponen. Por eso era necesario ir un paso más allá y castigarlas con cárcel e inhabilitación. Nos parece tremendamente importante. Si somos un referente en derechos LGTBI+, también conlleva una responsabilidad”. Para Iglesias, los discursos de odio “son la antesala de la violencia”. En ese sentido, vincula la persistente lgtbifobia con “una reacción a la visibilidad”, que se acentúa en momentos como el Orgullo. A la vez, cree que hay conciencia social sobre la importancia de los derechos LGTBIQ+: “Mucha gente se ha dado cuenta de que cuestionarlos es el primer paso para dinamitar la democracia”. “Nosotras no somos partidistas, pero sí políticas”, ahonda, “todo lo que hacemos en el día a día son decisiones políticas”. A lo largo de su historia, desde la Federación han defendido el voto rosa: pedir el apoyo a formaciones comprometidas con la defensa de los derechos LGTBIQ+: “Tenemos claro a quién no votar: a quien recorta nuestros derechos y nos quiere devolver a los márgenes”. Según un estudio que la Felgtbi+ acaba de publicar, la gran mayoría de personas del colectivo teme por los derechos conseguidos si la ultraderecha llegara al Gobierno. ― ¿No hay personas LGTBIQ+ que votan por esas opciones? ― El colectivo LGTBI+ no vive en una burbuja aislada de la sociedad, somos muy diversas, con diferentes creencias y sentires, también ideológicos. Personalmente, no podría dar mi voto a alguien que está amenazando con recortar mis derechos o que lo está haciendo ya. Hay una generación que ha nacido con esos derechos ya conseguidos, pero ha costado mucho conseguirlos, han costado muchas vidas. Se puede volver atrás, lo estamos viendo en otros países, como EE UU. Supongo que las personas que apoyan a opciones políticas que atacan al colectivo piensan que a ellos no les va a afectar. Que no se engañen, el riesgo es real. Quiero pensar que en algún momento abrirán los ojos. Desde hace años, la Federación pelea por una medida que considera clave: un Pacto de Estado contra el odio porque este “no puede seguir escalando”. La propuesta ha concitado el interés de todos los grupos parlamentarios menos de uno, Vox, que “no lo ve importante”. “Con el resto de partidos, nos hemos reunido y ha habido avances. Soy optimista y espero que antes de final de año esté listo. A pesar de ello, este Orgullo vamos a seguir insistiendo en que no podemos esperar más”. Define ese pacto como “una herramienta de consenso político que trasciende al Gobierno, con dotación económica y medidas específicas, seguimiento y evaluación; es un blindaje”. Entre otras propuestas, incluye la formación de agentes de las Fuerzas de Seguridad, del personal de la Administración, sanitario o del ámbito educativo. También tiene un eje digital, con especial énfasis en las redes sociales, los algoritmos o la responsabilidad de las plataformas en la generación de discursos de odio. “Hay que ponerles coto”, dice Iglesias. “Además, se dirige a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que incluye a personas racializadas, con discapacidad, en situación de pobreza… Con esto también se visibiliza una alianza importante porque hay narrativas que están intentando enfrentarnos entre nosotras”. “Cuando se vulneran derechos humanos, hay que posicionarse”, continúa. “Muchas veces se nos intenta colocar en una especie de competición de quién está más discriminada y eso es muy peligroso”. Cree que eso ha pasado en el seno del feminismo, con el auge de posiciones transexcluyentes, que justamente son azuzadas por la extrema derecha, aunque también desde algunos sectores conservadores. “Nosotras vamos de la mano de los movimientos feministas porque la gran mayoría son transincluyentes. El feminismo no deja a nadie atrás, nuestra lucha va en conjunto, la opresión es la misma para todas. Hay un intento claro de dividirnos porque, si permanecemos unidas, somos muchas más. Eso les da miedo”. Iglesias estudió Medicina y Psicología. Hasta hace poco, ejercía de psicóloga en Valencia, pero está a punto de instalarse en Madrid, donde va a comenzar a trabajar en un centro privado. “Madrid tiene el Orgullo más multitudinario de Europa y parece que sus instituciones [Ayuntamiento y Comunidad] intentan taparlo y banalizarlo. Festejar nuestra existencia también es un acto revolucionario porque nos quieren tristes, nos quieren en nuestras casas, encerradas de nuevo en el armario”. Por todo esto cree que es muy importante acudir a la manifestación de este sábado y anima a hacerlo también a las personas que no son del colectivo: “Hay que activarse porque está en juego el modelo de sociedad que queremos, y eso nos afecta a todas”. “Cuando salimos a las calles en 2005, conseguimos el matrimonio igualitario. Cuando lo hicimos en 2007, obtuvimos la primera ley de identidad de género. Volvamos a movilizarnos. No tenemos la capacidad económica ni la financiación que tienen organizaciones ultras como Hazteoír, pero tenemos una gran experiencia en la lucha por los derechos. Hagámoslo como lo hicimos antes”.