Las alarmas de Mohamed Alami Battahi empezaron a sonar con mucha fuerza la mañana de primavera en la que vio que la cola de la oficina de atención ciudadana llegaba hasta la puerta de su despacho. Doscientos metros repletos de historias que le resultaban demasiado familiares como para permanecer indiferente. Pere Garau bullía. En uno de los barrios más multiétnicos de Palma, casi cualquiera podía sentirse interpelado por la regularización que acababa de decretar el Gobierno de España.
Ese proceso extraordinario ha concentrado en apenas dos meses el trabajo que el abogado Alami pensaba desarrollar a lo largo, quizás, de su primer año como profesional liberal. Abrió la oficina en enero y el tsunami llegó a finales de abril. Varias decenas de las 15.000 solicitudes de residencia que se han tramitado en las Illes Balears han pasado por las manos de este joven mallorquín –de la quinta del 99– con abuelos en la medina imperial de Fez. Sus tarifas prefiere no desvelarlas, pero reconoce que son más baratas que en otras gestorías. El tema le toca de muy cerca Cuando él tenía cinco años, a su padre lo contrataron para darle forma a los interiores de una mansión que se construía en Artà. Completado el encargo, aquel maestro de obra decidió quedarse en este pueblo del noreste de la isla y reunificar a la familia. Simo –el diminutivo por el que conocen en su casa al abogado Alami– aterrizó en el aeropuerto de Son Sant Joan con edad para empezar la escuela. En el colegio público Na Caragol aprendió a hablar catalán, la misma lengua en la que confiesa:
