El primer cruce"Nos hemos acostumbrado a que a la anomal�a de no dimitir tras una imputaci�n se sume que el Gobierno ratifique su confianza en los imputados"La directora general de la Guardia Civil, Mercedes Gonz�lez.EFEActualizado S�bado,

julio

00:08Audio generado con IALa parte buena de que en Espa�a no dimita nadie es la gran variedad de no dimisiones. Est�n las del tipo �yo no sold� las v�as�, frase con la que �scar Puente rechaz� asumir su responsabilidad pol�tica tras el accidente de Adamuz. Dentro de esta categor�a estar�a Beatriz Corredor, presidenta de Red El�ctrica, cuya responsabilidad en el apag�n que dej� a Espa�a 12 horas sin luz es cero, supongo, porque ella no cort� los cables. Lo mismo ocurre con Maz�n: �l no provoc� el desbordamiento del barranco del Poyo, �pero en serio hab�a que explicar que ten�a que irse?Las recientes no dimisiones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes Gonz�lez, y el DAO, Manuel Llamas, pertenecen a otra variante de lo no dimisi�n. Una que no viene precedida de una tragedia, sino de una imputaci�n. El pionero fue �lvaro Garc�a Ortiz, que sigui� como fiscal general del Estado, hasta el mismo d�a en que fue condenado. Y en ambos se cumple una triste condici�n: el apoyo incondicional del Gobierno tras la imputaci�n. Y eso, m�s que la propia no dimisi�n, es lo alarmante.Volviendo al sentido com�n: si al presidente de mi comunidad lo imputaran por administraci�n desleal, apropiaci�n indebida o prevaricaci�n, no creo que ning�n vecino entendiera que permaneciera en el cargo. Y si sus vocales, el administrador, o Marita la del 4� reafirmaran su confianza en �l y apoyaran su continuidad, pensar�a que est�n en el ajo. Por lo que sea, uno se f�a m�s de la polic�a y los jueces que de Marita la del 4�.Pero a los m�s altos niveles nos hemos acostumbrado a que a la anomal�a de no dimitir tras una imputaci�n se sume que el Gobierno ratifique su confianza en los imputados.Recordemos que lo investigado consiste, precisamente, en utilizar el poder del Estado para dificultar investigaciones judiciales. Si los indicios fueran ciertos, estar�amos ante una perversi�n de una de las funciones esenciales del Estado de Derecho: que la polic�a judicial pueda investigar sin presiones del poder pol�tico. Si tras la imputaci�n el poder pol�tico cierra filas con los investigados, lo l�gico es inferir su complicidad.La reacci�n natural de un presidente ante la sospecha de que su directora de la Guardia Civil y el DAO pudieran haber utilizado su autoridad para intimidar a investigadores judiciales ser�a cesarlos, exigir una investigaci�n a fondo y reivindicar la independencia de jueces, fiscales y polic�as. Ha ocurrido lo contrario: el Gobierno ha respaldado a los imputados, impl�citamente desautorizando a quienes los investigan: o los indicios son realmente s�lidos, y entonces sobrar�a el respaldo, o quienes los han apreciado est�n actuando arbitrariamente.No sabemos qu� orden� ni qu� sab�a el presidente del Gobierno sobre los delitos que se investigan. Pero sabemos lo que sabe hoy. Hoy conoce los indicios recopilados por la Fiscal�a, conoce que un juez los considera suficientes para imputar y conoce la gravedad extraordinaria de lo que se investiga. Aun as�, los mantiene a todos en el cargo. Quiz� la mejor prueba de la cercan�a del presidente del Gobierno a la trama de las cloacas no est� en lo que hizo antes, sino en lo que ha decidido hacer despu�s.