Un análisis interno elaborado por Cándido Conde-Pumpido sobre la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la libertad de los medios de comunicación en colisión con el Gobierno de Viktor Orbán en Hungría, ha llevado a pensar a algunos magistrados que el presidente del Tribunal Constitucional ha sacado conclusiones aplicables al escenario español y, muy en concreto, a la próxima sentencia que el tribunal con sede en Luxemburgo debe emitir en relación con la ley de amnistía. El presidente acaba de distribuir entre los miembros del tribunal de garantías un comentario a la sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2026 (C-843/24) que muchos han interpretado en clave interna y vinculado con la resolución que el TJUE dictará el 16 de julio sobre la norma que el TC declaró constitucional en distintas sentencias dictadas hace ya meses y por la que quedaron borrados los delitos cometidos en Cataluña durante el referéndum del 1-O. Conde-Pumpido -dicen- entiende que no habrá tirón de orejas de la Justicia europea en base a los argumentos empleados en el caso Orbán. El comentario del presidente del TC se detiene muy especialmente en la forma en la que el TJUE fija el alcance del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), en el que se recogen los valores fundamentales sobre los que se funda la Unión, entre los que destaca el Estado de derecho. Las cuestiones prejudiciales que darán pie a su próxima sentencia sobre la amnistía citaban, entre otros, ese artículo 2 del TUE. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas cuestionaba si la amnistía respeta estos principios y la garantía de persecución del fraude, especialmente cuando afecta a los presupuestos de la Unión Europea. La próxima sentencia será fundamental para determinar el futuro de Carles Puigdemont, que quedó fuera de la gracia por la malversación que le atribuye el Supremo. TE PUEDE INTERESAR En el comentario, al que ha tenido acceso El Confidencial, Conde-Pumpido explica que la sentencia sobre Hungría confirma que el artículo 2 TUE "puede tener eficacia jurisdiccional intensa cuando existe una conexión suficiente con el Derecho de la Unión" pero no en cualquier caso. La conexión "no puede presumirse ni construirse artificialmente mediante la sola invocación de los valores del artículo", dice. Para el presidente, la importancia de la resolución está precisamente en que evita convertir el artículo 2 en una especie de cajón de sastre, una cláusula general de competencia del TJUE que sirve para cualquier cosa. El TJUE viene a decir que los valores de la Unión son jurídicamente relevantes, pero no eliminan los presupuestos ordinarios de aplicabilidad del Derecho de la Unión, ni de la Carta, ni del propio mecanismo prejudicial, destaca. Competencia inexistente También incide en que no basta invocar libertad de expresión, pluralismo mediático "o Estado de derecho" si el litigio queda fuera del ámbito del Derecho de la Unión. Tercero, contiene la posible lectura maximalista del artículo 2 TUE. Puede reforzar, cualificar o iluminar obligaciones europeas existentes, pero no crear una competencia inexistente, destaca. "Su invocación puede ser decisiva cuando el litigio está ya conectado con una norma, una competencia o un mecanismo europeo; pero no puede transformar en asunto europeo un conflicto nacional que, por razón de la materia o del tiempo, queda fuera del Derecho de la Unión. Esa es, a mi juicio, la aportación principal de Orbán", concluye Conde-Pumpido. La Sentencia del TJUE del 21 de mayo de 2026 resolvió un enfrentamiento entre el Gobierno de Orbán y el medio 24.hu en relación con una solicitud de rectificación de un artículo de prensa publicado en Hungría que citaba otro artículo, en este caso de un medio austriaco, según el cual el exprimer ministro húngaro había solicitado a un grupo mediático que permitiera a un familiar cercano invertir en su filial húngara. Un análisis interno elaborado por Cándido Conde-Pumpido sobre la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la libertad de los medios de comunicación en colisión con el Gobierno de Viktor Orbán en Hungría, ha llevado a pensar a algunos magistrados que el presidente del Tribunal Constitucional ha sacado conclusiones aplicables al escenario español y, muy en concreto, a la próxima sentencia que el tribunal con sede en Luxemburgo debe emitir en relación con la ley de amnistía.