Juan Manuel Moreno se enfrentará a las siete de la tarde de este jueves a la segunda votación en el pleno de investidura, en la que confía sumar con Vox más votos afirmativos que negativos para ser elegido por tercera vez presidente de la Junta de Andalucía. Pero aún el acuerdo no está cerrado. Las conversaciones han entrado en una sucesión de “acelerones y frenazos”, según fuentes de la negociación. El principal escollo que ha evitado hasta ahora que haya luz verde es el peso del partido ultra en el Gobierno de Moreno. El PP ha ido poco a poco variando su posición desde que se conocieron los resultados electorales del 17 de mayo: de defender un gobierno en solitario pasó a apostar por un ejecutivo “de estabilidad”. Esas barreras cayeron hace días y ahora se asume que Vox entrará en el Ejecutivo, según fuentes de la negociación.El PP sabe que es “muy difícil de evitar” que los ultras ocupen asientos en la mesa de reunión del Consejo de Gobierno en el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Vox obtuvo 576.635 votos (13,8%) y 15 escaños en las elecciones del pasado 17 de mayo y es el único grupo que puede garantizar a Moreno su reelección para cuatro años más sumando sus 15 escaños a los 53 del PP, hasta alcanzar los 68. Como destacó el portavoz de Vox, Manuel Gavira, en el debate de investidura nunca un presidente andaluz ha tenido tantos votos del Parlamento ya sea con gobierno en solitario o en coalición. Fue una manera engatusar a Moreno con la cifra, aunque al PP solo le interesan los dos escaños que les falta para la mayoría absoluta. Y ese dato es el que machaca constantemente.Una vez aceptada la entrada de Vox en el Gobierno, ahora de que lo que se trata es de aquilatar el número de puestos y al frente de qué materias, según las fuentes citadas, que califican de “excesivas” las pretensiones de Vox en cuanto a sillones. El PP se resiste a ceder la Consejería de Agricultura, pieza clave y casi maestra de la Junta de Andalucía desde las primeras elecciones autonómicas de 1982. Las principales asociaciones agrarias le han hecho un enorme favor al Gobierno en funciones de Moreno al emitir el pasado 8 de junio un comunicado conjunto en el que piden que Vox no asuma esta cartera. “ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía consideran fundamental garantizar la continuidad de los equipos de decisión y gestión que han venido trabajando en la Consejería”, dijeron.El partido de Abascal pretende lograr una foto similar a la que se hicieron en Extremadura, Aragón y Castilla y León con María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco. En estas comunidades, Vox tiene una vicepresidencia y tres consejerías en el caso de Aragón y Castilla y León, y dos en el caso de Extremadura. Los negociadores andaluces del PP califican de “descabellada” esta aspiración. “Entrar en el Gobierno no pasa nada, es razonable, otra cosa es que ocupen la mitad del gobierno”, aseguran. Estas fuentes abogan por encontrar un punto de “equilibrio” y se inclinan en el terreno de las preferencias por ceder a Vox consejerías “técnicas”.El documento programático se encuentra más avanzado. Quedan “flecos”, dijeron fuentes del PP el pasado martes, al término de la primera votación de Moreno que resultó fallida por 53 votos a favor y 56 en contra (PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía).Como sus colegas autonómicos, Moreno aceptará incluir en el acuerdo de gobierno con Vox el principio de “prioridad nacional”. No ha planteado una batalla de fondo sobre un concepto xenófobo que él mismo calificó de “ilegal” durante la campaña electoral, pero también de “eslogan hueco”. La redacción, si fragua el pacto, será similar a la de las otras comunidades. “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, dice el firmado en Extremadura.Los populares quitan importancia a esta cesión primordial para Vox, porque la condición de arraigo ya se exige en el caso de la dependencia, cuyo acceso se limita a personas con más de cinco años en el padrón.Lo lógico es que si hay acuerdo —que implicaría también un cambio en la composición de la Mesa del Parlamento, gobernada con mayoría absoluta por el PP— este se anuncie y se presente antes de la segunda votación a las siete de la tarde. Los socialistas han pedido que en ese caso Moreno dé explicaciones en el pleno, aunque el reglamento de la Cámara autonómica no contempla esa posibilidad.