La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España y avaló después que el Ayuntamiento de Badalona dejara en la calle a centenares de migrantes “normalizó la situación de sinhogarismo, discriminación y desprotección” en la que quedaron los desahuciados del antiguo instituto B-9.
Así lo sostiene el grupo de migrantes representado por la abogada Marta Llonch en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la decisión de la jueza Meritxell Quella de respaldar la actuación del consistorio encabezado por Xavier García Albiol (PP).
La magistrada avaló la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó una gran crisis social. La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias.
El recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, denuncia que los razonamientos “arbitrarios” de la magistrada vulneraron la tutela judicial efectiva de los migrantes. Además, afea a la jueza su “falta de perspectiva antirracista y antidiscriminatoria”, al obviar “la intimidación y el miedo” que sufren las personas migrantes en situación administrativa irregular, como muchos de los antiguos habitantes del B-9.
