Hay guerras que no se libran en los campos de batalla, sino en los despachos, en las lonjas de materias primas y en los algoritmos de las redes sociales. Llevamos décadas asistiendo, con asombrosa pasividad, a una partida geopolítica de enorme calado cuyas fichas son los recursos naturales y cuyas consecuencias, si no actuamos, serán devastadoras para Europa. Estados Unidos, Rusia y, de manera especialmente sistemática, China han construido durante los últimos treinta años una arquitectura de dominio sobre los recursos naturales del planeta y sobre las tecnologías necesarias para su transformación. No es una estrategia improvisada; es una política de Estado sostenida, financiada y ejecutada con una determinación que contrasta dolorosamente con la parálisis regulatoria europea. La presencia china en África subsahariana, en América Latina o en Asia Central no responde a la filantropía del desarrollo; responde a la lógica más antigua de la geopolítica: quien controla las materias primas, controla el futuro. Los conflictos que presenciamos no siempre llevan el nombre de guerra. Ucrania es la disputa por el granero de Europa, y por los corredores energéticos de Eurasia, además de tener enormes reservas de tierras raras. Venezuela y el tablero iraní son piezas de una partida sobre los mayores yacimientos de crudo y gas del hemisferio. Las miradas sobre Groenlandia no responden al interés por sus glaciares, sino a los billones de toneladas de tierras raras, hierro, zinc y uranio que duermen bajo ellos. En todos estos escenarios, el denominador común es la misma ecuación: quien no extrae, depende; quien depende, cede. Frente a esta realidad, Europa ha construido un marco regulatorio de una complejidad que solo ella misma soporta. En los países rivales, un proyecto minero estratégico puede obtener sus permisos en meses; en Europa puede tardar una década. Es necesario precisar, porque el debate suele deformarse: no se trata de renunciar a las garantías medioambientales. Se trata de racionalizar y simplificar unos procedimientos que han derivado en instrumentos de bloqueo antes que de evaluación rigurosa. Los recursos naturales están donde la naturaleza los depositó; no existe elección posible sobre su localización. TE PUEDE INTERESAR La pregunta pertinente no es si se explotan o no: es cómo hacerlo de forma compatible con el entorno. Lo técnicamente honesto es analizar esa compatibilidad caso a caso; lo que carece de justificación es la prohibición genérica y arbitraria. Conviene recordar, además, que la superficie que ocupa la actividad minera en Europa es infinitamente menor que la superficie forestal del continente: la narrativa que equipara extracción con devastación medioambiental no resiste el contraste con los datos. Hay además un elemento que merece reflexión incómoda. Vivimos en una era de dominio informacional sin precedentes, y las grandes plataformas de comunicación global no son neutrales. No resulta irrazonable preguntarse si parte del activismo que paraliza proyectos estratégicos en Europa, parte de los grupos que sistemáticamente obstaculizan el desarrollo industrial bajo el paraguas de la protección ambiental, recibe financiación, directa o indirecta, de actores interesados en mantener a Europa acomodada y dependiente. No es teoría conspirativa; es la aplicación del principio más elemental del análisis: si alguien se beneficia de un sistema, es legítimo preguntarse si contribuye a mantenerlo. TE PUEDE INTERESAR Europa ha tardado en escuchar la voz de alarma. La ha escuchado cuando la dependencia del gas ruso se convirtió en arma de guerra, cuando la escasez de semiconductores paralizó su industria, cuando comprobó que el litio para sus baterías eléctricas llegaba de manos de sus competidores estratégicos. Reconocer el problema es necesario, pero insuficiente si no va acompañado de la misma determinación con la que otros llevan décadas avanzando. Y aquí reside una de las carencias más profundas de nuestros sistemas de decisión: la marginación del conocimiento técnico independiente en los procesos legislativos. Los ingenieros de minas llevamos décadas demostrando que suministro de materias primas y respeto ambiental no son términos antagónicos, sino complementarios. Nuestra función principal es precisamente hacer compatible la garantía de abastecimiento que la sociedad demanda con el mayor respeto posible al medio ambiente; somos, por formación y por vocación, los profesionales más comprometidos con esa compatibilidad. Los colegios profesionales de ingeniería no somos un lobby; somos depositarios de conocimiento contrastado, de experiencia acumulada y de independencia respecto a los intereses comerciales a corto plazo. Cuando se legisla sobre recursos minerales sin consultar a quienes los conocen, cuando se diseña política medioambiental sin quienes han hecho de la restauración una práctica esencial, el resultado inevitable es la norma ineficiente, el proyecto paralizado y la oportunidad perdida. TE PUEDE INTERESAR El conocimiento no es un adorno del proceso democrático; es su columna vertebral. Europa necesita, urgentemente, institucionalizar la voz de sus colegios profesionales en los procesos de decisión que afectan al futuro estratégico del continente. No para sustituir a los legisladores, sino para que las decisiones sobre política industrial, energética y de recursos se tomen con la solidez técnica que la gravedad del momento exige. El tiempo de la reflexión cómoda ha terminado. Ha llegado el momento de la ingeniería con criterio, con valor y con voz. *Juan López-Escobar Fernández, Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur. Hay guerras que no se libran en los campos de batalla, sino en los despachos, en las lonjas de materias primas y en los algoritmos de las redes sociales. Llevamos décadas asistiendo, con asombrosa pasividad, a una partida geopolítica de enorme calado cuyas fichas son los recursos naturales y cuyas consecuencias, si no actuamos, serán devastadoras para Europa.