En el calendario simbólico de la significación política, las elecciones generales son las más importantes, porque determinan las mayorías parlamentarias que, en un régimen parlamentario como el nuestro, deciden quién va a gobernar. Por detrás vienen las autonómicas, ya que son las comunidades las que controlan las políticas más decisivas del Estado del bienestar, como son salud o educación. Luego, las locales, con el añadido nada menor de que condicionan el gobierno de las diputaciones provinciales y forales. Y al fondo, las europeas, vistas como elecciones menores pese a su indudable peso.
Ese ranking, sin embargo, invierte casi exactamente el orden en que las decisiones públicas tocan la vida cotidiana de la gente. Cuanto más arriba en la jerarquía simbólica, más lejos del día a día; cuanto más abajo, más cerca. Y aquí aparece la primera paradoja española. Somos uno de los países más descentralizados del mundo por el lado del gasto ya que las administraciones territoriales gestionan en torno al 43% del gasto público. Pero esa descentralización es, sobre todo, autonómica. Las cifras disponibles nos dicen que el gasto público supera los 725.000 millones, el 45% del PIB. De cada cien euros a disposición de los poderes públicos, las comunidades manejan alrededor de treinta y dos y los municipios apenas once. El resto lo gestionan la Administración Central y la Seguridad Social.
