Dice Brenda Quevedo que en los peores momentos de su pesadilla —la detención, la tortura, el aislamiento, los casi 20 años en prisión sin sentencia— soñaba de forma recurrente que llegaría el momento en que alguien la creería: ella no tenía nada que ver con el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. “Era gente que me regalaba el tiempo para poder demostrar mi inocencia y defender mi causa”, dice del sueño, del que también reconoce que no pensaba que tardaría tantos años en llegar. “Ahora se está materializando”, afirma por videollamada en la presentación de su nuevo frente de defensa. Una red de prestigiosas abogadas y asociaciones de derechos humanos se ha unido para liberarla, de la prisión domiciliaria en la que está desde hace dos años y de la “tortura sistémica” que sufre desde que Isabel Miranda la señalara en 2006 como una de las asesinas de su hijo. Es un frente común con pocos precedentes. Brenda Quevedo estrena una representación jurídica compartida por ocho reconocidas agrupaciones. Su equipo está formado por integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, por la Clínica Jurídica Minerva Calderón (de la Universidad Iberoamericana), por la Red de Abogadas Digna Ochoa, por la Clínica de Litigio Penal en Contra de Violaciones Graves a Derechos Humanos (del ITAM), por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y por las organizaciones Perteneces y CEA Justicia. Cada una de ellas en una batalla, pero en la misma trinchera: impulsar una estrategia procesal y de concienciación que obligue al sistema judicial a liberar a Brenda Quevedo. Las restrictivas medidas cautelares han impedido a la acusada del caso Wallace llegar hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a escuchar al periodista Ricardo Raphael y a los abogados recorrer las incoherencias de su expediente judicial, los errores de la investigación, la fabricación de las pruebas, las torturas y agresiones sexuales que sufrió, las secuelas de los abusos, todo lo que aguantó. Ella ha estado presente en una videollamada, porque desde junio de 2024 no puede salir de la vivienda que comparte con su madre, Enriqueta Cruz. Lleva brazalete electrónico y está vigilada por un convoy de la Guardia Nacional. No puede trabajar, tampoco ir a un hospital en caso de emergencia.La principal prueba en contra de Brenda Quevedo (y de los otros acusados por Isabel Miranda) era la confesión de Juana Hilda González Lomelí. Esta evidencia fue el año pasado invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque había sido obtenida con tortura. El máximo tribunal del país ordenó la liberación inmediata de González Lomelí. El resto de imputados —Albert y Tony Castillo, Jacobo Tagle y César Freyre, además de Brenda— y sus familias se quedaron esperando que ese fuera el engranaje que frenara por fin la maquinaria en su contra. Sin embargo, en un año, no ha pasado nada y son ya 20 sin justicia. “Este caso ilustra uno de los mayores fracasos del sistema jurídico mexicano”, ha empezado diciendo la abogada Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social: “Si esto fuera un problema solamente jurídico, hace mucho que Brenda habría recuperado su libertad. No hay ningún argumento jurídico que permita hablar de debido proceso frente a un juicio que ha durado 20 años. La instrucción fue declarada agotada desde el 2014, no hay ninguna explicación razonable de por qué el juez no ha decidido cerrarla y solicitar a las partes que emitan conclusiones para luego él dictar una sentencia“. El responsable de su caso es Carlos Alberto Rico Mondragón, del juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México. Rico, quien fue electo en la polémica elección judicial del año pasado, ha negado incluso una audiencia a Quevedo para valorar un cambio de medidas cautelares, ya que, por ejemplo, la prohibición de no acercarse a la víctima (la madre de Hugo Alberto Wallace) ya no sería necesaria. Así, el equipo, que asumió su representación hace apenas tres semanas, ha presentado ya tres amparos: “Uno con respecto al derecho a la salud, otro por la negativa del juez de revisar las medidas cautelares absolutamente desproporcionadas y, otro por la negativa del juez a cerrar la instrucción”, ha detallado Salas. Esas acciones forman parte de la nueva estrategia de defensa, de pasar a la acción para lograr la liberación y la luchar por una reparación. “No podemos limitarnos a esperar la sentencia del juez o que la Fiscalía General de la República (FGR) se desista. Tenemos los mecanismos jurídicos y los instrumentos. No solo hablamos de una representación legal, vamos a realizar su defensa como un litigio estratégico”, ha señalado la abogada. Por eso, cada agrupación va a estar enfocada en un aspecto. Por ejemplo, la Red de Abogadas Digna Ochoa va a insistir en la investigación de las brutales agresiones sexuales que sufrió Quevedo cuando estaba en el cárcel de Islas Marías: “Hoy ni una sola persona ha sido investigada ni procesada ni sancionada por estos hechos”, ha explicado Diana Camacho, que ha relatado que las denuncias de Brenda por estas violaciones fueron cerradas sin ser realmente revisadas hace ya más de una década: “El Estado tiene una deuda con las mujeres supervivientes de tortura sexual”. La Clínica Jurídica Minerva Calderón se va a centrar en hacer cumplir el mandato internacional sobre el encarcelamiento prolongado sin sentencia (que ya resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel García y Reyes Alpízar en 2023) y también en la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que ordenó la liberación inmediata de Brenda Quevedo. “El objetivo es que se pueda crear un mecanismo para que estas decisiones internacionales puedan ser cumplidas, para el caso de Brenda y para el resto de casos", ha apuntado el abogado Simón Hernández. La organización Perteneces pelea por lograr una reparación integral para Quevedo, ya que la que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas había otorgado hasta el momento era “ridícula”.“Casos extraordinarios requieren de esfuerzos extraordinarios”, ha señalado Alán Piñón, de la clínica de litigio del ITAM, que ha apuntado que su responsabilidad es “explorar absolutamente todas las vías”, esto va desde el litigio dentro del proceso penal, mecanismos extraordinarios para revisar estos procesos, o incluso también acudir al Tribunal de Disciplina para “encauzar responsabilidades de jueces y magistrados”: “Esto es una situación de emergencia”. La anterior defensa de Quevedo estuvo a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Al terminar la conferencia, Brenda lo ha definido así: “Nadie tendría que estar secuestrada por el Estado”.