Por Julia Frías Aguilar.Brenda Quevedo Cruz no puede cruzar la puerta de su departamento de menos de 100 metros cuadrados sin que se alerte a la Guardia Nacional. A las 7 de la mañana de todos los días, un elemento federal se estaciona afuera de su residencia, y permanece ahí todo el día. Brenda no puede salir a la calle, recibir asistencia médica, trabajar, o ver a su familia fuera de esas cuatro paredes.Adentro, se ha inventado una rutina, en su departamento que comparte con su madre. Hace ejercicio, estudia música, lee, escribe, trabaja en sus memorias y va a terapia por el estrés post traumático que arrastra desde su detención.“Es otra prisión, de domicilio, cómoda, pero es otra prisión”, dice en entrevista para Aristegui Noticias. Lleva casi 21 años sin que un juez le diga si es culpable o inocente del secuestro por el que se le acusa, conocido como “Caso Wallace”.
En julio de 2005, Isabel Miranda de Wallace encabezó una intensa campaña para dar con los responsables del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. La policía, con respaldo de la familia, ubicó a seis personas como presuntas implicadas. Entre ellas, Brenda, entonces de 23 años, detenida en Estados Unidos en noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009.Después de 16 años en prisión preventiva, privada de su libertad en cárceles de alta seguridad, Brenda recibió el cambio a prisión domiciliaria. Durante ese tiempo, Brenda fue sometida en repetidas ocasiones a tortura y tortura sexual por parte de servidores públicos. En ninguno de esos casi 21 años ha recibido una sentencia.La pieza central de la acusación original en su contra, la confesión de Juana Hilda González Lomelí, ya no existe legalmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que fue obtenida bajo tortura y ordenó laliberación inmediata de Juana Hilda. Brenda esperaba que esa resolución repercutiera directamente en su propio proceso.
