Por Elia Almanza
Tras 20 años de enfrentar de prisión preventiva por un delito fabricado, todavía sin sentencia de primera instancia y dos años de resguardo domiciliario con un brazalete, Brenda Quevedo, implicada en el llamado Caso Wallace, anunció una nueva etapa en su defensa la cual será encabezada por un amplio y destacado grupo de organizaciones sociales, así como por abogadas y abogados especialistas en derechos humanos y litigio estratégico.
En conferencia de prensa, el nuevo grupo legal aseguró que hoy es “jurídicamente insostenible” mantener a Brenda en prisión y bajo proceso penal, pues a lo largo de dos décadas, se ha demostrado que fue víctima de tortura, tortura sexual, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.
La abogada Karla Micheel Salas Ramírez, del grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social indicó que estas inconsistencias han sido señaladas y corroboradas no sólo por su defensa, a cargo de la Defensoría Pública Federal en los últimos años, o por investigaciones periodísticas destacadas, sino también por instancias internacionales e incluso nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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