La magistrada de la sala primera del Tribunal Supremo Raquel Blázquez Martín reconoció ayer públicamente que existen dudas sobre la validez de las prórrogas extraordinarias a los contratos de alquiler solicitadas mientras estuvo en vigor el decreto extraordinario el pasado mes de abril, hasta que decayó en el Congreso. Mientras exponía los motivos en un acto organizado por la federación de patronales inmobiliarias Fadei, el Gobierno anunciaba un nuevo paquete de medidas en vivienda que incluirá nuevas prórrogas a inquilinos. Estas podrían ser clave para proteger a todos aquellos que pidieron la prórroga y no saben qué pasará con sus contratos o a quienes no la pidieron pero tienen contratos que vencen en los próximos meses.
La prórroga aprobada en el marco de medidas extraordinarias por la guerra estableció que se podían renovar automáticamente todos los contratos que vencieran antes de diciembre de 2027. Se estima que un millón de personas podían estar en esa situación, por lo que miles de personas se encuentran ante un interrogante sobre el futuro de sus contratos de alquiler. Pero un mes después de la aprobación en el consejo de ministros, el Congreso tumbó este decreto y se enfrentaron dos visiones.
