La organización vecinal ha conseguido una victoria frente al rentismo: 14 familias en distintos barrios de Catalunya han logrado alargar sus contratos con la socimi Vivenio. Lo han hecho solicitando la prórroga de alquileres durante el fugaz periodo en el que el Real Decreto Ley 8/2026 estuvo en vigor, antes de ser tumbado en el Congreso por la derecha parlamentaria.PublicidadEstas vecinas de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès y Sant Adrià de Besòs, organizadas con el Sindicat de Llogateres, fueron algunas de las -por lo menos- 30 familias que enviaron un burofax al tenedor con la intención de alargar sus contratos, según ha dado a conocer la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, mediante un comunicado.Ya son cuatro las prórrogas aceptadas en el bloque del Raval de Barcelona, además de otras cuatro en los bloques de Sant Cugat y seis más en los bloques de Sant Adrià de Besòs, todos ellos bajo la propiedad del fondo Vivenio, que cuenta con una cartera de más de 6.500 pisos en España.Pero la victoria, aunque significativa, sigue siendo parcial: si bien de momento no se han recibido negativas por parte de Vivenio a las solicitudes, aún quedan al menos 15 familias que corren el riesgo de ser expulsadas de sus hogares, viviendo en creciente incertidumbre a medida que la fecha de finalización de sus contratos se acerca. "El conflicto con la propiedad sigue vivo", manifiesta la Confederación en un comunicado."Vivenio mantiene una política de no renovación de contratos y se acumulan las evidencias de que está ejecutando un vaciado de pisos para redirigirlos al alquiler de temporada", agrega la Confederación, que explica que, para ello, el fondo "utiliza la marca Exclusive Living en la plataforma Airbnb".Publicidad"Hay familias que no han podido acogerse a las prórrogas porque su contrato expiró hace años y la empresa se niega a hacer uno nuevo", como sucede en Sant Adrià de Besòs, un caso "especialmente crítico, ya que la no renovación de contratos se da en 60 viviendas de protección oficial (VPO) en tres bloques de la calle Sant Pere", explica la Confederación.Las familias inquilinas de Vivenio, a través de la Confederación, exigen "detener las expulsiones, formalizar contratos de alquiler habitual según el precio de ley, eliminar cláusulas abusivas (como el seguro de impago de 300 euros) y garantizar el mantenimiento digno de los edificios". El Sindicat exige incluir las prórrogas en el plan anticrisisEnric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha expresado a Público que estas prórrogas también "mandan un mensaje importante" a quienes se encontraron con arrendadores que les denegaron la solicitud: "No podemos permitir que no nos reconozcan la prórroga". "Este es un capítulo más de una lucha que lleva años", agrega.PublicidadEl Sindicat exige que el Gobierno incluya nuevamente la prórroga en el decreto anticrisis que se aprobará el próximo lunes. Además, llaman a que se contemple la situación de aquellas personas que "quedaron fuera de las anteriores prórrogas", principalmente los inquilinos que están en tácita reconducción, lo cual no había sido incluido explícitamente en el anterior decreto. "Es el momento de no dejar a nadie colgado y de evitar nuevas expulsiones de gente inquilina", añade el Sindicat.Aragonès explica a este diario que estar en situación de tácita reconducción -es decir, que el contrato se renueva automáticamente tras su vencimiento, con el consentimiento del propietario- no solo implica la inestabilidad de que podría darse por terminando, sino que el inquilino "tiene miedo de quejarse y que le digan que el próximo mes deben dejar su hogar".