El Decreto 0652 reglamenta el cumplimiento de las primeras sanciones restaurativas impuestas por la JEP en los casos de secuestro de las antiguas Farc y de falsos positivos en el Batallón La Popa.Foto: El Espectador - Gustavo TorrijosResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00Casi 10 meses después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitiera sus primeras sentencias restaurativas contra máximos responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, el Gobierno expidió el decreto que define las “condiciones necesarias para que los comparecientes cumplan las sanciones propias y medidas impuestas”.El Decreto 0652, expedido por el Ministerio de Justicia, está orientado puntualmente a dos sanciones: la del macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por integrantes de las antiguas Farc; y la del macrocaso 03, que busca esclarecer asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, específicamente los 127 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2005 en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).En contexto: EE le explica las sentencias de la JEP: ¿Por qué son importantes y qué sigue ahora?La financiación de las sancionesUno de los puntos más sensibles fue el tema de la financiación para cumplir las setencias. El Ministerio de Justicia dispuso que los recursos para garantizar la ejecución de los proyectos restaurativos provendrán, principalmente, de las entidades públicas de la rama ejecutiva del nivel central y descentralizado. De manera complementaria, también podrán destinarse recursos de la cooperación internacional y de alianzas con el sector privado, de acuerdo con las competencias legales y constitucionales de cada entidad involucrada.El debate sobre la financiación de las sanciones restaurativas de la JEP cobró fuerza desde agosto de 2025, cuando el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, anunció que el Gobierno giró los primeros COP 20.000 millones para poner en marcha la implementación de las sentencias. Sin embargo, advirtió que aún hacían falta otros COP 30.000 millones que debían ser transferidos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad encargada de administrar los recursos destinados a los proyectos restaurativos.Lea: Campanadas de la JEP al gobierno, por recursos para cumplir sus primeras sancionesDos días después, la Contraloría General advirtió que las necesidades presupuestales serían mucho mayores. Según el órgano de control, el Estado requerirá cerca de COP 500.000 millones para garantizar la ejecución de las sanciones restaurativas y avanzar en la reparación de las víctimas.En materia presupuestal, el decreto establece que los recursos para implementar estas medidas dependerán de la disponibilidad de dinero prevista en la planeación fiscal del Gobierno. No obstante, la norma precisa que “las restricciones de carácter presupuestal deberán interpretarse y aplicarse de manera armónica y compatible con la obligación constitucional del Estado de implementar de buena fe el Acuerdo Final”.Garantías para los comparecientesEl decreto también establece que el Estado garantizará “las condiciones transversales de dignidad indispensables para que los comparecientes desarrollen las sanciones propias y las medidas impuestas por la JEP”. El Ministerio de Justicia aclaró que dichas condiciones “no constituirán beneficios económicos para los comparecientes, ni podrán entenderse en ningún caso como contraprestaciones o remuneraciones por la realización de un servicio”.Frente a las garantías para la ejecución segura y efectiva de los proyectos restaurativos, la norma contempla que el Estado deberá proporcionar la capacitación necesaria y los medios materiales indispensables para el desarrollo de las actividades. Asimismo, aclara que “estas garantías se otorgan exclusivamente para viabilizar la sanción propia y las medidas impuestas por la JEP, sin que generen vínculo ni derechos de naturaleza laboral, ni relación contractual”.Antes de la ejecución de los proyectos restaurativos, la JEP y las entidades encargadas de implementarlos podrán adelantar, con el apoyo de los comparecientes, campañas pedagógicas dirigidas a las comunidades “receptoras con miras a propender la construcción de confianza con la sociedad civil y reducir los riesgos, enfatizando y promoviendo el carácter restaurativo de las sanciones y la reconciliación”.Relacionado: Falsos positivos: así cumplirán los exmilitares de La Popa las primeras sanciones de la JEPSalud y afiliaciónEl acto administrativo también establece que las entidades que, de manera voluntaria, vinculen comparecientes para la ejecución de proyectos restaurativos deberán asumir los costos de las evaluaciones médicas previas, de seguimiento y finales. Además, estarán a cargo de las medidas de protección personal necesarias para garantizar el desarrollo seguro de las actividades, sin que ello implique la existencia de una relación laboral o contractual.La norma dispone que, para asegurar la ejecución segura y efectiva de las sanciones propias y demás medidas impuestas por la JEP, “se deberá garantizar el respeto a la condición de salud de los comparecientes, quienes tienen la obligación de someterse a los exámenes médicos que les sean ordenados”.La medida también fija las reglas para garantizar que los comparecientes que ejecuten proyectos restaurativos cuenten con cobertura en salud durante el cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP. Para ello, deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea en el régimen contributivo, en un régimen especial o de excepción o, si no pertenecen a ninguno de estos, en el régimen subsidiado.Lea también: ¿Cuáles son las sanciones contra el Secretariado de las Farc por el caso de secuestro?La afiliación estará a cargo de la entidad pública del Gobierno nacional que lidere el proyecto restaurativo, mientras que la JEP podrá verificar que ese proceso se haya realizado correctamente en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social.Cómo se ejecutarán los proyectos restaurativosOtra sección dispone que la participación de los comparecientes en los proyectos restaurativos deberá quedar formalizada mediante un documento escrito. En este se identificará la entidad responsable de ejecutar el proyecto, el compareciente, las actividades que desarrollará, los horarios establecidos por la JEP, las condiciones de seguridad, las pólizas de seguro y, cuando corresponda, las restricciones de derechos y libertades impuestas como parte de la sanción.Protocolos de seguridadFinalmente, el decreto ordena al Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), las autoridades territoriales y demás entidades competentes implementar protocolos de seguridad para los comparecientes, siempre que exista una solicitud expresa de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.Le recomendamos: La histórica sentencia de la JEP que revive debate sobre justicia y reparación en ColombiaEstas medidas incluirán la evaluación de riesgos individuales y colectivos, con enfoque diferencial y territorial, así como la coordinación de planes de prevención y protección a través de los Consejos de Seguridad y Convivencia y de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, con el fin de garantizar el desarrollo seguro de los proyectos restaurativos para comparecientes de las Farc y exmiembros de la fuerza pública.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: