Logo de esta entidadFoto: Mauricio Alvarado LozadaResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00Las primeras Sanciones Propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entrarán en su fase de ejecución a partir del 15 de agosto. Con dos sentencias ya en firme y definidas las condiciones jurídicas, institucionales y financieras para su cumplimiento, los comparecientes comenzarán a desarrollar los proyectos con los que buscarán contribuir a la restauración de los derechos de las víctimas, las comunidades y los territorios afectados por el conflicto.Se trata de las sanciones impuestas a siete exintegrantes del último Secretariado de las antiguas Farc, responsabilizados por hechos de secuestro y otros crímenes cometidos durante el cautiverio de sus víctimas, y a 12 exintegrantes del Batallón ‘La Popa’, condenados por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados de manera ilegítima como bajas en combate, también conocidos como falsos positivos, en la región de la Costa Caribe.De acuerdo con lo establecido por el tribunal transicional, las sentencias fijaron tanto las restricciones efectivas de derechos y libertades que deberán acatar los 19 máximos responsables como las acciones de carácter restaurativo que estos deberán ejecutar. Entre ellas se contemplan obras de infraestructura, iniciativas de tipo productivo, procesos de desminado humanitario, labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y actividades orientadas al fortalecimiento comunitario en los territorios afectados.Para la puesta en marcha de estos proyectos, el Gobierno Nacional ya destinó una asignación inicial de COP 50.000 millones. No obstante, desde la JEP se advirtió que la ejecución integral de las sanciones requerirá que, en las próximas vigencias fiscales, el Ejecutivo garantice los recursos necesarios para dar continuidad a los proyectos restaurativos en el mediano y largo plazo.La Sección con Reconocimiento de Verdad de la JEP será la encargada de ejercer la verificación permanente del cumplimiento de las sanciones. Esta labor contará con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción, el acompañamiento del Ministerio Público y un componente de verificación internacional, a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA).Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: