Fueron 14 candidatos, cinco mujeres y nueve hombres —un par de ellos, de marcado perfil progresista—, los que comparecieron, hace siete meses, ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como candidatos a la plaza de magistrado por el turno de jurista de reconocida competencia para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin que se haya resuelto aún la convocatoria.PublicidadLa vacante la dejó Miguel Colmenero cuando se jubiló en abril de 2023. Por entonces, el CGPJ estaba en funciones y no podía realizar nombramientos, y cuando por fin se renovó el órgano de gobierno de los jueces, la vacante de Colmenero quedó entre las últimas prioridades del nuevo Consejo, centrado en cubrir el centenar de vacantes en el resto del Tribunal Supremo, sobre todo en la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) y la Cuarta (de lo Social).En aquella tarea ya se vio que el equilibrio entre conservadores y progresistas en el nuevo CGPJ, con diez vocales cada bloque, no significaba exactamente un reparto equitativo en los nombramientos de la cúpula judicial. De las cuatro presidencias de las cinco Salas del Supremo que debieron renovarse, solo logró imponerse una candidata progresista, Concepción Ureste, en la Sala de lo Social; el resto fue a parar a magistrados conservadores. La joya de la coronaLa Sala Segunda o Sala de lo Penal es la joya de la corona del Tribunal Supremo, encargada de investigar y juzgar a las autoridades del Estado, como, por ejemplo, ministros, diputados y senadores. Así ocurrió en el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y con el exdiputado José Luis Ábalos, por ser este aforado en su momento. Está formada por 14 magistrados más el presidente. En este momento, solo hay tres mujeres. Y además una de ellas, Susana Polo, tiene la condición de adscrita, desde 2018, a la Sala Segunda, sin que se le haya consolidado hasta ahora la plaza como titular.Candidata progresista vetadaPara cubrir la vacante de Colmenero, el bloque progresista tiene claro que debe ser una mujer progresista, de cara a paliar la infrarrepresentación de mujeres en los puestos clave de la cúpula judicial y equilibrar la sensibilidad ideológica mayoritaria. La candidata mejor posicionada de los progresistas era Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha encontrado con la férrea oposición a su candidatura por parte de los vocales propuestos por el PP.PublicidadBacigalupo, hija de un antiguo magistrado de la Sala Segunda del Supremo, es rechazada por los conservadores por haber formado parte del comité de sabios que asesoró a Pedro Sánchez para las elecciones de 2015; pero también porque es cuñada de la exvicepresidenta Teresa Ribera. Fuentes del sector progresista indican a Público que tienen otras candidatas, además de Bacigalupo.Renovación en bloqueEl bloque conservador se empeña en no cubrir esta vacante de magistrado por el turno de juristas de reconocida competencia hasta que se produzcan las tres próximas jubilaciones en la Sala Segunda y negociar entonces un reparto en bloque con los progresistas, una estrategia que estos conocen bien y en la que siempre pierden. Porque aunque ambos bloques tienen que llegar a pactos, ya que estos nombramientos requieren 13 votos para salir adelante, la estrategia de desgaste y oposición del bloque conservador acaba por dar los frutos deseados: obtener ventaja para lograr que salgan sus candidatos. Así lo explican fuentes del bloque progresista a este diario, que indican que los conservadores se han llegado a levantar de la mesa para seguir con el veto de la candidatura de Silvina Bacigalupo en las dos únicas veces que se ha tratado el tema. PublicidadEstas fuentes del CGPJ cuentan que el bloque de la derecha espera a que se jubile, el próximo mes de septiembre, el magistrado Juan Ramón Berdugo para iniciar las negociaciones de cara a una renovación en bloque, de cuatro plazas vacantes. Este mes de julio se han jubilado forzosamente Ángel Hurtado y Andrés Palomo, al cumplir los 72 años.Estrategia recurrenteLa estrategia del bloqueo ha dado buenos frutos al bloque conservador en el pasado hasta el punto de que las dos candidatas progresistas a presidir las Salas Segunda y Tercera, en julio de 2025, retiraron sus candidaturas ante el veto persistente de los conservadores. Las magistradas Ana Ferrer (Sala Segunda) y Pilar Teso (Sala Tercera) eran las candidatas del bloque progresista y finalmente se impusieron Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas en las presidencias de la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, respectivamente. Por cierto, este último se jubila el próximo 13 de julio. En la propia elección de la actual presidenta del Supremo y del CGPJ, en septiembre de 2024, las fuerzas progresistas compraron el discurso de los conservadores cuando propusieron el nombre de Isabel Perelló para competir contra la candidata natural del bloque progresista, Ana Ferrer. Seis vocales nombrados por el PSOE apoyaron el nombre propuesto a última hora por los conservadores, que defendían que el perfil de Perelló era el de una progresista de consenso. Así, esta obtuvo 16 votos frente a los cuatro que le dio el resto del bloque del PSOE y Sumar a la candidatura de Ana Ferrer. Un voto -el que dieron a Perelló- que llevan clavado algunos de los vocales progresistas, que hoy saben que la presidenta del CGPJ se alinea con el bloque conservador la mayoría de las veces y que el ambiente que se respira en el Consejo no es el idóneo para llegar a acuerdos.