El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado convocar varias plazas clave en el Tribunal Supremo: tres en la Sala de lo Penal y dos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo ―incluida la de presidente que dejará vacante el próximo julio Pablo Lucas―. Se trata de dos salas de gran relevancia por ser las llamadas a investigar y, en su caso, juzgar a aforados como diputados, senadores o miembros del Gobierno, y a revisar las decisiones del Ejecutivo, respectivamente. Estas plazas, que quedarán desiertas por la jubilación de varios magistrados, reactivarán el pulso entre los bloques progresista y conservador del CGPJ por los nombramientos en la cúpula judicial, que este miércoles ha tenido un nuevo episodio con bronca en el seno del ala progresista, según las fuentes consultadas por EL PAÍS.Las plazas convocadas son dos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo: la Presidencia y una de magistrados, las dos que dejará vacías Lucas el 3 de julio, cuando alcanzará la edad de jubilación forzosa para los togados, 72 años. Desde que César Tolosa saltó al Tribunal Constitucional, en enero de 2023, Lucas ejercía la presidencia interina de la Sala Tercera, pero quedó confirmado en el puesto hace un año, tras un intenso pulso entre progresistas y conservadores que ganaron estos últimos, situándole a él y a Andrés Martínez Arrieta en la cabeza de las salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Penal, respectivamente, en detrimento de las candidatas impulsadas por el sector progresista, Pilar Teso y Ana Ferrer, que acabaron retirándose para despejar el camino a sus colegas. Este choque entre los bloques del CGPJ amenaza con repetirse ahora que salen estas dos plazas y otras tres de magistrado en la Sala Penal por las cercanas jubilaciones de sus magistrados Juan Ramón Berdugo (5 de septiembre), Ángel Hurtado (22 de junio) y Andrés Palomo (17 de junio). A estas tres plazas se suma la vacante que dejó Miguel Colmenero en abril de 2023 al jubilarse forzosamente como magistrado de la Sala de lo Penal. A principios de año, los negociadores de los sectores progresista y conservador protagonizaron un primer contacto para cubrir la plaza de Colmenero, al que han seguido otros, pero sin éxito. Fuentes del ala conservadora indicaron entonces que el principal escollo era el empeño de los vocales progresistas en designar a Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, hija del que fuera magistrado de esa misma sala Enrique Bacigalupo, exasesora del PSOE y cuñada de la exvicepresidenta Teresa Ribera. Vocales conservadores se cierran en banda a esta candidata al considerar que se trata de un perfil altamente politizado. Del otro lado, el ala progresista atribuyó el estancamiento a la intención de sus colegas de situar en la Sala Segunda a otro “hombre conservador”, rechazando que el desencuentro se debiera a un nombre propio. Alcanzado este punto muerto, fuentes de ambos grupos señalaron que la verdadera oportunidad para el acuerdo no llegaría hasta que se abriera el abanico con la convocatoria de nuevas plazas, en alusión al movimiento que se ha producido este miércoles. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que no se han producido avances, más allá de la convocatoria oficial, por lo que se trataría únicamente del pistolezado de salida para la nueva pugna por estas dos salas del alto tribunal.Un progresista y un conservador, al SupremoComo telón de fondo, los trece nombramientos discrecionales que el Pleno del CGPJ ha acordado este miércoles. Según fuentes internas, suponen decantar la balanza hacia el sector conservador. Alguna voz progresista habla de “gran malestar” entre los jueces de esta sensibilidad porque, de acuerdo con sus cálculos, de las cinco plazas a las que optaban aspirantes progresistas, solo han conseguido dos: la del hasta ahora magistrado de la Audiencia Nacional José Ramón González Clavijo para la Sala de lo Militar del Supremo y la de Ignacio José Subijana como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco. Entre las grandes pérdidas para el sector progresista, estas fuentes mencionan la de José Ricardo de Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que se postulaba también a la Sala de lo Militar del Supremo, si bien la otra plaza en juego ha sido adjudicada a Celso Rodríguez, presidente del TSJ de Madrid y de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ―la mayoritaria en la carrera judicial―; y la de Jaime Segalés, también de JJpD, para presidir la Sala de lo Social del TSJ de País Vasco, porque “históricamente” ha estado en manos de los progresistas. Estas fuentes aseguran que desde el sector progresista de la judicatura este acuerdo se ve como otra “cesión” a los conservadores sin que haya “contrapartidas” relevantes. Y culpan de ello a los vocales progresistas al frente de estas negociaciones, José María Fernández Seijo, Esther Erice y Ricardo Bodas.Sin embargo, fuentes del sector mayoritario en el bloque progresista del CGPJ rechazan este análisis. Estas voces sostienen que se ha dado la pelea allí donde se ha podido, teniendo en cuenta la fragmentación en el ala progresista (con diez vocales, pero uno de ellos, Carlos Hugo Preciado, desmarcado como “progresista independiente”) frente a un bloque conservador unido (con otros diez vocales) que suele contar con el favor de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Además, subrayan que había candidaturas imposibles, como la de De Prada, por el firme veto del sector conservador. Y añaden que no apoyar a candidatos asociados a JJpD no implica no apoyar a “otros perfiles progresistas”, entre ellos no asociados y mujeres. Estas fuentes destacan que, de las dos plazas vacantes en la Sala de lo Militar, cada bloque ha situado a un candidato, y que se conserve la presidencia del TSJ del País Vasco, de las pocas en manos progresistas. Así las cosas, esta última tanda de nombramientos discrecionales ―en la que Alejandro Roa ha sido designado presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Baleares; Juan Carlos Benito-Butrón, de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco; María del Carmen Pérez Sibón, de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía; Valentín Pérez, de la Audiencia Provincial de Cáceres; José Antonio Vega, de la de Salamanca; Luis Casero, de la de Ciudad Real; Jaime Francisco Anta, de la de Cantabria; Luis Miguel Columna, de la de Almería; y María José Rivas, de la de Granada― ha servido para constatar el enfrentamiento dentro del bloque progresista del CGPJ en un momento delicado, justo cuando encara las negociaciones con el ala conservadora para situar seis nuevos magistrados en las salas de mayor relevancia política del Supremo.