Miguel Colmenero se jubiló forzosamente el 13 de abril de 2023 al alcanzar la edad límite para poder seguir ejerciendo como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del momento no pudo cubrir su vacante por estar en funciones y el siguiente la sacó a concurso el 23 de julio de 2025. Desde entonces, los bloques progresista y conservador han sido incapaces de ponerse de acuerdo para elegir un nuevo miembro de la Sala Segunda, una de las más sensibles del alto tribunal porque le competen las causas contra aforados, como la del ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz o las derivadas del caso Koldo que afectaban a los entonces diputados José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En las últimas horas, los vocales han protagonizado otro esfuerzo negociador que ha fracasado, confirmando así un bloqueo que amenaza con prolongarse hasta otoño.A la plaza competían originalmente hasta 14 juristas, que comparecieron ante el CGPJ el pasado noviembre para defender sus candidaturas. Tras ello, en enero, la lista sufrió una leve criba de la que solo se cayeron dos candidatos. Se esperaba un recorte mayor que dejara una lista corta de aspirantes, pero el choque entre progresistas y conservadores lo hizo imposible. Fuentes del sector conservador lo achacaron al empeño del otro grupo por promocionar a Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, hija del que fuera magistrado de esa misma sala Enrique Bacigalupo, exasesora del PSOE y cuñada de la exvicepresidenta Teresa Ribera. Vocales conservadores se cierran en banda a esta candidata al considerar que se trata de un perfil altamente politizado. Del otro lado, el ala progresista atribuyó el estancamiento a la intención de sus colegas de situar en la Sala Segunda a otro “hombre conservador”, rechazando que el desencuentro se debiera a un nombre propio. Los equipos negociadores retomaron las conversaciones el lunes, pero con el mismo resultado, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por EL PAÍS. Desde el sector progresista, aseguran que los vocales conservadores “se han levantado de la mesa” al entender que siguen apostando por situar a Bacigalupo en la Sala Segunda. Sin embargo, fuentes progresistas inciden en que no se trata de promocionar a una candidata en particular ―“hay otras”, subrayan―, sino de designar a una mujer progresista para intentar compensar la actual configuración, que ven más que desequilibrada hacia la sensibilidad conservadora y el género masculino. En cambio, fuentes conservadoras admiten que este último contacto volvió a saldarse sin acuerdo, pero sostienen que están abiertos a seguir negociando.La oportunidad de las jubilaciones Esa nueva oportunidad podría llegar con las próximas jubilaciones en la Sala Segunda, las de los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado en junio, y la de Juan Ramón Berdugo en septiembre. Ambos sectores reconocen que un mayor número de vacantes ampliaría los márgenes de la negociación. De seguir ensanchando el campo de juego, podrían incluirse las plazas pendientes en otras salas del Supremo, entre las que destaca la que dejará en julio Pablo Lucas, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, otra de gran importancia porque le corresponden los recursos contra las decisiones adoptadas en Consejo de Ministros. El bloque progresista se resiste a incluir todas estas variables porque cree que las vacantes deben cubrirse según surgen, sin esperar a generar una bolsa que permita contentar a todo el mundo. En este sector aún pesa el trauma de los nombramientos de Lucas y de Andrés Martínez Arrieta ―aupados por el ala conservadora del CGPJ―, para presidir las salas Tercera y Segunda en detrimento de las magistradas progresistas Pilar Teso y Ana Ferrer, respectivamente, que acabaron retirando su candidatura para despejar el camino a sus colegas.Una sala de alto voltaje Las dificultades del acuerdo radican en la importancia de la Sala de lo Penal. Formada por 15 magistrados, es la que está llamada a investigar y, en su caso, juzgar las causas con aforados ―tales como miembros del Gobierno, de Congreso y Senado o magistrados―. Es la misma que en los últimos meses juzgó y condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelar secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; y que acaba de juzgar al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la presunta trama de las mascarillas, emprendiendo ahora una “deliberación compleja” para alumbrar una sentencia que marcará el resto del caso Koldo.Pese a lo complicado del acuerdo, progresistas y conservadores están condenados a entenderse porque para realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial se necesita un mínimo de 13 votos y cada bloque por separado solo suma diez. Hasta ahora, el papel de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha sido fundamental para lograr acuerdos ―más de un centenar― por unanimidad o amplias mayorías, si bien en el bloque progresista la sensación es que suele favorecer al otro grupo, por lo que ahora prometen dar la batalla.