Las salas clave del Tribunal Supremo se preparan para recibir savia nueva en los próximos meses. La de lo Penal aguarda cuatro magistrados (uno desde hace más de tres años) y la de lo Contencioso-Administrativo dos, en un cambio que obligará a reabrir la lucha por su presidencia. La importancia política de ambas, una porque es la llamada a investigar y, en su caso, juzgar a miembros del Gobierno, diputados o al fiscal general, y otra por ser la competente para revisar las decisiones del Ejecutivo, hacen que cada movimiento se mida al milímetro, abocando a durísimas (y largas) negociaciones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a quien compete hacer estos nombramientos discrecionales. Ha recibido decenas de candidaturas, que incluyen nombres destacados como el exconsejero madrileño Enrique López o el juez de la Gürtel José Ricardo de Prada, actualmente magistrados de la Audiencia Nacional. Ya ha habido contactos entre los emisarios de los bloques progresista y conservador del CGPJ, pero no se prevé que las verdaderas negociaciones arranquen hasta la vuelta del paréntesis estival, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por EL PAÍS. Fue el pasado mayo cuando el CGPJ dio oficialmente el pistolezado de salida en la carrera para convertirse en magistrado de estos dos motores del Supremo, el máximo tribunal de nuestro país, cuyas decisiones son casi inamovibles. Lo hizo convocando tres vacantes en la Sala de lo Penal y dos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, anticipándose ya a las jubilaciones previstas. En la Sala Segunda, el 17 de junio se jubiló Andrés Palomo; el día 22 del mismo mes, Ángel Hurtado; y el 5 de septiembre lo hará Juan Ramón Berdugo. A eso hay que sumar la vacante que generó Miguel Colmenero al jubilarse, el 13 de abril de 2023. En la Sala Tercera, las dos plazas en juego son las que ocupará Pablo Lucas hasta el 13 de julio, también por alcanzar la edad de jubilación forzosa para los togados (72 años). Se trata de un puesto de magistrado y el de presidente.La Sala de lo Penal será la más afectada por la entrada de nuevos magistrados. No solo porque son más plazas, sino porque su número de integrantes es más reducido: 15 magistrados (aunque prevé sumar otros dos con las nuevas creadas por el Ministerio de Justicia). Por contra, la de lo Contencioso-Administrativo la componen 34 magistrados y, además, tras la renovación del CGPJ ―hace dos años― experimentó su propia renovación con 17 incorporaciones, la mitad de su plantilla.Para los cuatro asientos de la Sala Segunda se han presentado 42 candidatos. Un total de 27 para las últimas tres plazas convocadas. Entre ellos destacan aspirantes como Enrique López, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y exmagistrado del Tribunal Constitucional que ahora ejerce en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; o José Ricardo de Prada, el autor de la famosa frase de la sentencia sobre la primera época de Gürtel que desencadenó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy y que por esa y otras resoluciones es uno de los vetos habituales del sector conservador del CGPJ, que frustró su reciente intento de saltar de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al Supremo, concretamente a su Sala de lo Militar. También constan Eloy Velasco, el primer instructor del caso Púnica, que se encuentra en esa misma Sala de lo Penal y que volvió al foco público por sus palabras sobre la exministra de Igualdad y dirigente de Unidas Podemos, Irene Montero; Rosario Esteban Meilán, la presidenta de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid, la encargada de resolver los recursos presentados en el caso Begoña Gómez; o Samantha Romero, la presidenta del tribunal que juzgó el caso Nóos y que redactó también su sentencia. Otros 15 juristas se postularon para cubrir la vacante de Colmenero en la Sala Segunda. De estos, sobresale Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, hija del que fuera magistrado de esa misma sala Enrique Bacigalupo, exasesora del PSOE y cuñada de la exvicepresidenta Teresa Ribera. Su candidatura provocó que los primeros contactos entre los negociadores progresistas y conservadores del CGPJ se pararan en seco. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el bloque conservador se cierra en banda a aceptar a la que considera la aspirante predilecta de sus pares progresistas porque la identifica también como la candidata del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, desde el ala progresista achacan el estancamiento a la intención de sus colegas de situar en la Sala de lo Penal a “otro hombre conservador”, rechazando que el desencuentro se debiera a un nombre propio. Llegados a este callejón sin salida, desde ambos bloques admitieron que la ventana de oportunidad para el acuerdo no llegaría hasta que se convocaran esas otras tres plazas, que dan oxígeno a la negociación. Nueva batalla por la presidencia de la Sala TerceraEn cuanto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por ella compiten 14 candidatos, algunos de los cuales ya han peleado por un puesto en esta sala. Es el caso de Nuria Díaz Abad, abogada del Estado de formación que formó parte del bloque conservador del anterior CGPJ. No obstante, la auténtica pugna se dará, no para cubrir la vacante de magistrado, sino para ocupar el sillón de presidente que Lucas dejará vacío. Tomó las riendas de la Sala Tercera en situación de interinidad después de que César Tolosa fuese designado magistrado del Tribunal Constitucional, en diciembre de 2023. Ejerció de presidente en funciones hasta que hace un año fue elegido formalmente para el cargo tras un reñido pulso entre los bloques progresista y conservador del CGPJ, que ganó este último al colocar a Lucas al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y a Andrés Martínez Arrieta, de la Sala de lo Penal, después de que las aspirantes aupadas por el sector progresista ―Pilar Teso y Ana Ferrer, respectivamente― retiraran sus candidaturas. Esta derrota está muy presente en el sector progresista del CGPJ, que encara las nuevas negociaciones con el firme propósito de no rendir armas, al menos en lo que considera esencial, que va más allá de impulsar la sensibilidad progresista en las dos salas clave del Supremo. Uno de los objetivos es mejorar la representación femenina, ya que en lo Contencioso-Administrativo solo hay 11 magistradas entre sus 34 miembros, mientras que en lo Penal son tres de 15. Y no solo cuantitativamente, también en la cuota de poder. Por eso, una de las piezas de caza mayor de esta tanda de nombramientos discrecionales en el alto tribunal es la presidencia de la Sala Tercera. Como sucesores de Lucas concurren únicamente Eduardo Calvo y Ángeles Huet, los dos de sensibilidad progresista; y Esperanza Córdoba, de corte conservador. Los vocales progresistas se aferrarán a la candidatura de Huet, mientras que lo previsible es que los conservadores apuesten por Córdoba. En esta terna hay una gran ausencia, la de Pilar Teso, porque ya lo intentó hace un año y porque también suele estar en las quinielas para encabezar el Supremo y el CGPJ. Pero, al igual que su compañera Ana Ferrer, es otro de los vetos habituales del ala conservadora. Aunque no se descartan contactos preliminares en las próximas semanas para buscar un acuerdo que exige 13 votos y, por tanto, un pacto transversal, ya que los bloques están empatados con diez vocales cada uno, fuentes de ambos grupos coinciden en señalar el nuevo curso judicial, que arrancará en septiembre con la tradicional apertura en el Supremo, como punto de partida de las verdaderas negociaciones para cubrir estas vacantes. Algunas voces apuntan incluso a octubre para afrontar este nuevo desafío, que será uno de los principales de este CGPJ en el ecuador de su mandato.