España se ha convertido en el país de Europa -de entre los más importantes- con el Gobierno que más casos tiene abiertos, o mejor dicho, judicializados -casi una decena-, por corrupción. "Somos el país de la UE con más corrupción", espetó hace unos días desde Bruselas el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la realidad es que el nivel de cerco judicial que tiene a su alrededor el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se da en la actualidad ni en los años recientes en otros países como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Polonia o Grecia, por poner algunos ejemplos.El caso más flagrante es el de José Luis Ábalos, el que fuera exministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, mano derecha de Sánchez. Ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Asimismo, ha impuesto una pena de 19 años y ocho meses de cárcel para Koldo García por los mismos delitos, cometidos en el marco de los hechos enjuiciados en el caso mascarillas, en el que se investiga principalmente una presunta trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. De hecho, tiene varias ramificaciones y piezas separadas y una de ellas es el caso Transportes, en el que acabó imputada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por presuntamente cometer irregularidades en adjudicaciones de obra y además participar en el posible 'enchufe' en el ministerio de la expareja de Ábalos.La de Ábalos es la condena más alta a un exministro y también es la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio ve cómo condenan a prisión a alguien que pasó por su gabinete. Pero este no es el único caso alrededor de Sánchez. El caso Leire es otro elemento clave, con la labor la misma para presuntamente organizar una red encargada de influir o desacreditar a unidades policiales y causas judiciales sensibles en torno al Gobierno o al PSOE. Es un proceso judicial que está en marcha.Otro golpe a la línea de flotación socialista es el caso Plus Ultra, por el que ha acabado imputado -el primer expresidente al que le sucede- José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de una investigación sobre presuntas comisiones ilegales ligadas al rescate público de la aerolínea, dotado con 53 millones de euros en 2021, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Se investiga si Zapatero cometió un delito tráfico de influencias en ese proceso y de liderar una organización en este sentido, algo que él niega.El caso hidrocarburos también afecta al Ejecutivo central. En este caso, se investiga una presunta trama de fraude en el sector de los carburantes, en la que varias empresas habrían utilizado sociedades interpuestas para comercializar combustible y eludir el pago de impuestos y por tanto generando beneficios ilícitos de gran volumen. La investigación analiza si existía una red organizada de empresarios y colaboradores que operaba mediante facturación falsa, movimientos financieros opacos y estructuras societarias complejas para defraudar a Hacienda y blanquear parte de los beneficios obtenidos.A todos estos hay que unir el caso del Fiscal General. Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelar información confidencial concerniente a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Se le impuso también la obligación de pagar las costas procesales, indemnizar a González Amador por daños morales y a una multa de veinte euros durante dos años. De hecho, se convirtió en el primer jefe del Ministerio Público en ser procesado, después de que tras varios meses de investigación, el instructor de la causa determinase su imputación ante los indicios de la responsabilidad de García Ortiz en la filtración de un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso afirmaba que su representado había cometido dos delitos de fraude fiscal.¿Qué pasa en otros países de nuestro entorno?Ningún otro país de los más importantes de Europa -o de la UE- está en una situación ni parecida a la española. En Francia el caso más reciente es el de Rachida Dati: la que fuera ministra de Cultura entre 2024 y 2026 en cinco gobiernos distintos está siendo investigada por presunto tráfico de influencias en el caso Renault. Aún así, se presentó hace solo unos meses a la Alcaldía de París. El país galo tiene a Marine Le Pen inhabilitada; aunque fuera del Gobierno, la líder de RN quedó inhabilitada por malversación de fondos por parte de su partido a través de la contratación de asistentes en el Parlamento Europeo.Italia tiene una historia repleta de altos cargos y dirigentes condenados o investigados por corrupción... pero eso parece cosa del pasado. El Gobierno de Meloni no tiene ningún cerco en este sentido. El caso que más se recuerda en el país transalpino fue el Tangentópoli, la macroinvestigación con unos 3.000 imputados (y unas 1.200 condenas) que reveló la corrupción sistémica en los principales partidos, y que abrió la puerta a finales de los noventa a la era Berlusconi. El magnate, de hecho, acabó condenado por fraude fiscal en 2013.En Polonia el caso más relevante ahora mismo es una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) sobre presunta corrupción y tráfico de influencias en la modernización de la red de tranvías de la región de Silesia, financiada con fondos europeos. En mayo de este año, la EPPO solicitó al Parlamento polaco el levantamiento de la inmunidad de un diputado en ejercicio por sospechas de tráfico de influencias, y la investigación sigue ampliándose con nuevas detenciones de funcionarios y empresarios relacionadas con adjudicaciones y contratos públicos.Más cerca de España tocó lo sucedido en Portugal, donde la vida política sigue marcada por las consecuencias de la investigación que provocó la dimisión del primer ministro António Costa hace ya tres años. Las pesquisas sobre presuntas irregularidades en proyectos de litio, hidrógeno y grandes inversiones continúan generando derivadas judiciales y políticas, aunque sin haber desembocado hasta ahora en una gran causa nacional; Costa no llegó a verse salpicado, pero salió del cargo entre voces de lawfare por ser confundido con otra persona con el mismo nombre. Ahora es el presidente del Consejo Europeo.Todo ese panorama ha provocado por ejemplo que España empeore en percepción de la corrupción, según el análisis que hace anualmente Transparencia Internacional. En 2025, España bajó un punto y tres posiciones más en la clasificación, situándose en el número 49 de 182 países, con la misma puntuación que Fiji o Chipre. Entre los países del entorno solo Polonia e Italia tienen datos similares. El informe, de hecho, reclamó "un consenso institucional y efectivo" a las autoridades en la lucha contra la corrupción.