El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha presentado esta semana la primera fase de su ofensiva contra el sistema de poder construido durante 16 años por Viktor Orbán. Los trabajos, que llevarán meses, han sido bautizados como Operación Fuego Purificador. En una primera fase, el Gobierno de Tisza emprenderá una reforma de la Constitución que permitirá el cese del presidente, Tamás Sulyok, y otros altos cargos fieles a Orbán, así como la creación de una oficina para la recuperación de los activos estatales. Tras el verano llegará un proceso constituyente, con la redacción de una nueva Constitución y una reforma del sistema electoral.Magyar comenzó la semana con una intervención de más de una hora ante el Parlamento húngaro en la que declaró que su principal misión es “liberar al pueblo húngaro de la mafia económica y política”. El primer ministro conservador comparó al entramado del poder puesto en marcha por su antecesor con el crimen organizado en Italia, y recordó expresamente el asesinato de jueces y fiscales que investigaban a la mafia en los noventa. Hungría, afirmó, necesita la misma mano dura que empleó entonces el Gobierno del país mediterráneo.Lo urgente para el Ejecutivo de Magyar es recuperar los fondos europeos bloqueados por Bruselas por la deriva antidemocrática de Orbán, antes de que expiren algunos plazos en agosto. Con la supermayoría y el mandato que obtuvo en los comicios de abril ha puesto en marcha la maquinaria legislativa, con un paquete legislativo anticorrupción y una enmienda de la Constitución. La 17ª reforma de esta ley fundamental que Orbán redactó y retocó a su medida 16 veces está siendo sometida a consulta pública hasta este sábado, antes de aprobarla en los próximos días.Se trata, según Tisza, de establecer “aquellas normas que son esenciales para el funcionamiento de una democracia basada en el Estado de derecho”, antes del proceso constituyente que prevé lanzar en septiembre. Algunos procedimientos y las prisas para ponerlos en marcha han generado críticas entre algunas organizaciones de la sociedad civil húngara.Uno de las prioridades del Gobierno es destituir a Sulyok, que no aceptó las presiones de Magyar para que dimitiera. El nuevo dirigente lo considera una marioneta que ha actuado al servicio del Gobierno de Orbán y no del pueblo húngaro, y asegura que habrá nuevo presidente antes del 20 de agosto.Cesar a un jefe de Estado es sin embargo una decisión de calado que no tiene precedentes. El caso húngaro puede convertirse en una referencia para otros países, como explica al teléfono Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki en el país, una de las organizaciones más activas en la defensa del Estado de derecho.“Hungría tiene que hacerlo bien”, afirma Pardavi. La excepcionalidad del momento —“lograr el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho”— y la trayectoria de Sulyok —“que no cumplió con sus obligaciones constitucionales”— justifican el cese, opina la experta. La organización insta al Gobierno, no obstante, a explicarlo mejor en el texto de la enmienda constitucional.Amnistía Internacional también está de acuerdo en que Sulyok debe marcharse, pero Áron Demeter, responsable de campañas de la organización, rechaza que el cese se produzca como consecuencia de “simplemente introducir una frase en una enmienda constitucional”.“La Constitución vigente ya contempla un procedimiento de destitución (impeachment) que, en nuestra opinión, podría activarse”, detalla Demeter. El Gobierno de Magyar, añade, “tiene la responsabilidad no solo de ser eficaz o de deshacerse de él, sino también de intentar hacerlo de una manera que garantice el máximo de derechos procesales y el procedimiento más justo”. Esa postura le ha costado a la organización un aluvión de críticas en redes sociales. “El sentir general, al menos entre los simpatizantes de Tisza, es: ‘No nos importa cómo os deshagáis de toda esa gente; simplemente hacedlo’. No les importa el método, pero a nosotros sí”, subraya Demeter. Al margen del cese de Sulyok, la propuesta de reforma prevé la salida de otros altos cargos, como jueces, otro asunto extremadamente delicado. La enmienda restablece el límite de edad de 70 años para los magistrados del Tribunal Constitucional —una medida que abrirá varias vacantes—, y amplía sus competencias. También prevé que, para mejorar la independencia judicial, los magistrados elijan al presidente de ese alto tribunal, del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces.Cerca de 280 juristas, académicos, jueces, fiscales, abogados e investigadores defienden en una carta abierta que esos altos cargos “han desempeñado un papel importante en la construcción y el mantenimiento de la autocracia” y que por sus decisiones y abusos, “han quedado irremediablemente desacreditados”. Mantenerlos impediría recuperar el Estado de derecho, sostienen, pero advierten de que los cambios deben realizarse con cautela, evitando soluciones “tramposas” y garantizando procedimientos transparentes que permitan elegir a personas “creíbles, imparciales y competentes”.Tras limitar a dos legislaturas los mandatos de los primeros ministros —para asegurarse de que Orbán no pueda volver a ser elegido ni nadie se perpetúe en el poder como hizo él—, en esta enmienda constitucional Tisza propone también que los diputados no puedan ocupar el escaño más de tres legislaturas.“Esta no era una medida urgente ni estaba entre las promesas a su electorado; debería haber un debate amplio sobre iniciativas como esta”, señala Pardavi. La experta critica, además, que la enmienda solo se haya abierto a consulta pública durante cinco días y que un gran paquete legislativo anticorrupción presentado ante el Parlamento hace dos semanas ni siquiera se haya sometido a ese trámite. “Son 110 páginas de legislación introducidas por un diputado y que se tramitó de forma apresurada. Eso recuerda mucho a las maneras de Fidesz [el partido de Orbán]”, afea la copresidenta del Comité Helsinki.Para desbloquear los 16.400 millones de euros de fondos de la UE congelados durante el mandato de Orbán, el Parlamento aprobó este martes medidas relativas a la transparencia y contra la corrupción. Entre otras, se han reforzado los requisitos para las declaraciones de bienes de los representantes políticos, cuya obligatoriedad se ha extendido a otros altos cargos, además de los familiares con los que convivan. Se han endurecido además las sanciones en caso de falsedades, que prevén incluso penas de cárcel.La legislación disuelve las fundaciones privadas creadas para gestionar las universidades y se devuelven al Estado los activos que se les transfirieron. También se destituye a los responsables de los medios públicos y del Consejo de Medios, y se crea un órgano supervisor financiero independiente.Entre el 8% y el 10% del PIBLa lucha contra la corrupción es una de las principales banderas de Magyar. Según el primer ministro, las operaciones de la “mafia” formada por la élite política y económica cercana a Orbán le ha costado al país entre el 8% y el 10% del PIB. La reforma constitucional propone la creación de una Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de los Activos del Estado. El establecimiento de este organismo, que operará con independencia del Ejecutivo y responderá ante el Parlamento, requiere enmendar 47 leyes, informan medios locales. Las medidas propuestas en el arranque de una legislatura que pretende materializar un cambio de régimen generan consenso entre una mayoría social húngara, aunque algunos métodos inciten al debate entre los expertos. Tanto Pardavi como Demeter celebran los avances de la nueva Hungría, que este sábado acoge un desfile del Orgullo LGTBI con el respaldo de las autoridades, algo impensable en la era Orbán. Lamentan, sin embargo, la continuidad en el ámbito de la migración. “Están utilizando los mismos términos y marcos discursivos sobre los migrantes y solicitantes de asilo que utilizaba el Gobierno anterior, y eso es horrible”, denuncia Demeter.