Análisis Exclusivo suscriptores El presidente electo propone combatir la deforestación, la minería ilegal y los cultivos ilícitos como problemas de seguridad nacional.Tras recibir sus credenciales presidenciales junto a José Manuel Restrepo, el mandatario electo plantea una agenda que vincula conservación y seguridad. Foto: Mauricio MorenoPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD25.06.2026 18:33 Actualizado: 25.06.2026 18:33
La política ambiental será uno de los frentes donde el gobierno de Abelardo de la Espriella buscará marcar distancia con la administración anterior. Su programa, denominado "Milagro Ambiental: Bioeconomía, Legalidad y Prosperidad para Colombia", parte de una idea que atraviesa todo el documento y en general la visión política del presidente electo: los principales problemas del país son, ante todo, problemas de seguridad. LEA TAMBIÉN La tesis no es nueva. El plan sostiene que la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el tráfico de fauna y flora prosperan porque amplias zonas del país siguen bajo control de economías criminales. Por eso, antes que ampliar áreas protegidas o endurecer regulaciones ambientales, la prioridad del nuevo gobierno sería recuperar el control estatal sobre esos territorios.Abelardo de la Espriella en la entrega de las credenciales que lo oficializan como presidente electo Foto:Mauricio MorenoEsa aproximación convierte la agenda ambiental en una extensión de la política de seguridad. La apuesta puede resultar atractiva en regiones donde la presencia de grupos armados ha dificultado la acción del Estado, pero también abre preguntas sobre su implementación. Llevar Fuerza Pública, jueces, entidades ambientales y oferta social a territorios remotos ha sido una promesa recurrente de distintos gobiernos y uno de los mayores desafíos de la institucionalidad colombiana.El corazón de la propuesta es la estrategia ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, desarrollada con asesoría de la reconocida ambientalista Sandra Bessudo. Sobre el papel, los tres pilares aparecen con el mismo peso. Sin embargo, el documento desarrolla con mayor detalle las acciones relacionadas con control territorial, vigilancia ambiental y aprovechamiento económico de los recursos naturales que los mecanismos concretos para fortalecer a las comunidades que, según el propio plan, deberían ser protagonistas de la transición hacia economías sostenibles. LEA TAMBIÉN En materia de agua, la propuesta habla de proteger cuencas, descontaminar ríos afectados por mercurio y fortalecer la seguridad hídrica. Son objetivos ampliamente compartidos por expertos ambientales. La incógnita está en cómo se financiarán y ejecutarán en regiones donde la capacidad institucional sigue siendo limitada.Deforestación en la Amazonia colombiana. Foto:EFE.Algo similar ocurre con la biodiversidad. El gobierno entrante promete reducir la deforestación, combatir el tráfico de especies y proteger ecosistemas estratégicos. Sin embargo, el programa no desarrolla con precisión cómo enfrentará factores estructurales que impulsan la pérdida de bosque, como el acaparamiento de tierras, la expansión ganadera o la apertura de vías ilegales.Uno de los puntos más sensibles del plan es su visión sobre los hidrocarburos. A diferencia del enfoque que impulsó el gobierno Petro, De la Espriella considera que el petróleo y el gas seguirán siendo fundamentales para financiar el desarrollo nacional y la transición energética.La propuesta plantea utilizar las rentas provenientes de estos sectores para impulsar energías renovables y proyectos de bioeconomía. El argumento es que una transición acelerada podría afectar la seguridad energética y los ingresos del Estado. Sin embargo, la apuesta implica mantener durante varios años una dependencia significativa de actividades extractivas mientras se construye una nueva matriz energética. LEA TAMBIÉN El debate es aún más evidente en el caso del fracking. La postura de De la Espriella se aparta tanto de quienes promueven una prohibición absoluta como de quienes defienden una implementación sin restricciones. La propuesta contempla la realización de proyectos piloto sometidos a estrictos controles ambientales, monitoreo permanente, participación comunitaria y supervisión técnica independiente. Una posición que ha sido ampliamente cuestionada por el sector ambiental.Zonas de minería ilegal entre Córdoba y Antioquia. Foto:Embajada de los Estados Unidos en ColombiaAunque el planteamiento busca ubicarse en un punto intermedio, la propuesta seguramente encontrará resistencia entre organizaciones ambientales y líderes territoriales que han cuestionado esta tecnología por sus posibles impactos sobre las fuentes hídricas y los ecosistemas.El plan sostiene que cualquier piloto deberá excluir páramos, áreas protegidas y zonas ambientalmente sensibles, pero deja abierta la posibilidad de avanzar si los resultados técnicos son favorables. Pero lo cierto es que la zona donde hasta ahora se sabe se podrían realizar actividades de fracturación hidráulica está ubicada en el Magdalena Medio, un punto hídrico clave para el país.Otro de los énfasis del programa es la simplificación institucional. La administración De la Espriella propone agilizar permisos ambientales, digitalizar trámites y reformar el Sistema Nacional Ambiental. El reto será encontrar un equilibrio entre acelerar procesos y garantizar que las evaluaciones ambientales mantengan el rigor técnico necesario. LEA TAMBIÉN El programa también habla de fortalecer mercados ambientales, pagos por servicios ecosistémicos y mecanismos de financiamiento climático. Sin embargo, dedica menos espacio a explicar cómo evitará los problemas de gobernanza, transparencia y conflictividad social que han acompañado algunas experiencias de bonos de carbono y otros instrumentos similares.El plan incluye pilotos de fracking, reformas institucionales y una apuesta por la bioeconomía. Foto:Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPOLas comunidades, que dan nombre a una de las tres letras del modelo ABC, aparecen de manera recurrente en el documento. No obstante, el plan ofrece pocas precisiones sobre cómo serán fortalecidas para participar en las decisiones ambientales, cómo se garantizará su acceso a economías legales sostenibles o qué papel tendrán pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en la implementación de las políticas.Con las credenciales presidenciales ya en sus manos, Abelardo de la Espriella llega al poder con una propuesta ambiental que combina seguridad, crecimiento económico y conservación. La pregunta que comenzará a responderse a partir de su posesión es si el énfasis en el control territorial será suficiente para resolver problemas ambientales que, además de seguridad, también están ligados a conflictos por la tierra, debilidad institucional y falta de oportunidades económicas para las comunidades que viven en los ecosistemas más estratégicos del país.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud@CaicedoUcros Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
