Las 5 apuestas del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad y defensa

Noticia Exclusivo suscriptores Los anuncios del presidente electo y del designado mindefensa marcan un giro frente a la estrategia aplicada en el último cuatrienio.El presidente electo Abelardo de la Espriella, desde Cúcuta. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA11.07.2026 23:30 Actualizado: 11.07.2026 23:30

A menos de un mes de asumir formalmente la Casa de Nariño, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, puso a andar los ejes de lo que será su estrategia en uno de los frentes más críticos para el país durante los cuatro años de la presidencia de Gustavo Petro, precisamente el mismo frente que, para los analistas, terminó siendo clave en su elección: el de seguridad y defensa.De la Espriella reencauchó para el servicio público, como ministro de Defensa, al general Jorge Mora López, uno de los primeros oficiales de insignia descabezados en la Fuerza Pública por las purgas ordenadas por el saliente mandatario.Es una decisión que claramente envía el mensaje de que se busca ‘corregir’, de entrada, uno de los primeros errores cometidos por la administración Petro en el manejo de la Fuerza Pública: haber prescindido, en muchos casos sin razones objetivas y basado en anónimos, de más de 80 generales y almirantes curtidos en la lucha contra el crimen y los grupos armados. Mora –quien es medio hermano del fallecido excomandante de las Fuerzas Militares Jorge Enrique Mora Rangel– vuelve al frente con la presión de demostrarle al país, desde el día uno, que el cambio en materia de seguridad es real. Y para ello ya está trabajando.El general (r) Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa designado. Foto:CortesíaLa realización del primer ‘empalme regional’, este miércoles, en Norte de Santander (la región de origen del general Mora) envía otra señal poderosa sobre la línea de De la Espriella: a diferencia de lo que ocurrió en la actual administración, el nuevo gobierno está dispuesto a hacer de las regiones y sus mandatarios los primeros aliados para empezar a enderezar las cargas en seguridad y orden público. Ese es el sentido de los anunciados ‘bloques de seguridad’ urbanos y regionales y, también, el de la intención de realizar la ceremonia de posesión presidencial en una guarnición del suroccidente del país, precisamente una de las regiones más golpeadas por los violentos en la vigencia de la llamada ‘paz total’.Desde Cúcuta, el presidente electo declaró a alias Alfred –del ‘frente de guerra Nororiental’ del Eln– y a alias Andrey –del frente 33 de las Farc– “objetivos militares” y fijó ultimátum para que se entreguen. ‘Andrey’ ha sido uno de los protegidos por las polémicas negociaciones de paz con el gobierno Petro y es uno de los más temidos alfiles de ‘Calarcá’. Un día después, De la Espriella puso en la mira de la Fuerza Pública a alias Bendito, otro capo empoderado en los últimos años y convertido en amenaza regional, esta vez para La Guajira y Magdalena.Integrantes del Udmo. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPODesde los ‘bloques regionales de seguridad’ hasta el revolcón completo en inteligencia, el regreso formal de los bombardeos y de la lucha frontal contra los cultivos de coca, pasando por el supuesto regreso del Esmad y el posible reintegro a filas de oficiales retirados en los últimos cuatro años están en el catálogo de manejo de seguridad del nuevo gobierno. Todo esto, con dos líneas macro: por un lado, el claro alineamiento con la estrategia regional de la administración de Donald Trump contra el terrorismo y el narcotráfico, el ‘Escudo de Las Américas’. Y segundo, el entierro de la ‘paz total’: Abelardo de la Espriella sostuvo que durante su administración no se abrirán diálogos ni negociaciones de paz con organizaciones armadas ilegales y que la única alternativa para sus integrantes será el sometimiento a la justicia.Aunque los anuncios apenas comienzan a tomar forma, especialistas en seguridad, conflicto armado y fuerza pública coinciden en que el verdadero desafío no estará únicamente en endurecer la respuesta del Estado, sino en lograr que las instituciones operen de manera coordinada frente a organizaciones criminales que hoy actúan bajo lógicas distintas a las de hace una década. Por eso, dicen, la estrategia debe ir mucho más allá de volver, como lo reclaman muchos en el país, a la estrategia de mano dura frente al crimen.Alias Andrey leyendo el comunicado. Foto:Imágen tomada del videoUltimátum a criminalesEl mensaje de someterse cuanto antes que el presidente electo envió esta semana a capos de varias organizaciones que en los últimos cuatro años tuvieron, en diferentes momentos, marca un evidente giro frente al gobierno Petro.De un Estado que desde el 2022 optó por el repliegue táctico y estratégico y por dejar a la inexistente buena voluntad de sus interlocutores en la mesa el fin de sus acciones criminales se pasa a uno que, de entrada, impone condiciones y límites frente a lo que pueden esperar los delincuentes: esto es, sometimiento judicial y ninguna opción de gabelas políticas.Para el general (r) Guillermo León, el anuncio representa el abandono del modelo de negociación como eje principal de la política de seguridad y el retorno a una estrategia basada en la presión militar y judicial. “Lo que veo es un mensaje claro del próximo gobierno que busca restablecer el principio de autoridad del Estado”, afirmó el oficial retirado, pero advirtió que ese cambio también implica desafíos: “Combinar la acción contundente contra quienes persisten en actividades ilícitas con el respeto al marco constitucional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos”.Oficiales en una ceremonia militar. Foto:CortesíaSin embargo, para muchos de los consultados esta estrategia únicamente será efectiva si todas las entidades del Estado actúan bajo un mismo esquema de coordinación para desmantelar las redes financieras y criminales. Esa coordinación, sostienen, debe comenzar desde el primer día y debe pasar por un mayor entendimiento con la Fiscalía General de la Nación, algo que no se vio en el gobierno Petro.¿Regreso del Esmad’Uno de los anuncios que más debate han generado es el posible regreso del Esmad como unidad especializada para atender disturbios y hechos de violencia colectiva. “Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la Fuerza Pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”, dijo el mindefensa designado.Expertos consultados por EL TIEMPO dicen que la discusión trasciende al mero reencauche del nombre Esmad, pues es claro que la protesta pacífica debe seguir siendo garantizada, pero el Estado también necesita una capacidad operativa para responder cuando las manifestaciones derivan en vandalismo o en acciones delictivas. En esa línea, el general (r) de la Policía Juan Carlos Buitrago sostuvo que el país necesita recuperar una capacidad especializada para enfrentar episodios de violencia colectiva. “El diálogo sigue siendo una herramienta preventiva, pero no reemplaza la obligación de actuar cuando hay violencia, bloqueos ilegales, ataques a la ciudadanía, afectación de bienes públicos o amenaza al orden democrático”, afirmó.El general (r) Juan Carlos Buitrago fue director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Foto:Archivo ParticularBuitrago considera que recuperar la denominación Esmad debe entenderse como una decisión institucional basada en legalidad, disciplina, proporcionalidad del uso de la fuerza y mecanismos de control, sin que ello implique desconocer el derecho constitucional a la protesta.No obstante, esa visión no es compartida por todos. El doctor en Estudios de Paz y Conflicto Andrés Macías sostiene que el problema de fondo no radica en el nombre de la unidad, sino en la legitimidad que debe reconstruir la Policía frente a la ciudadanía. A su juicio, regresar a la denominación Esmad puede terminar siendo contraproducente. Por ello propone concentrar los esfuerzos en fortalecer los protocolos de actuación, mantener la capacitación permanente en derechos humanos, garantizar supervisión independiente y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.Bombardeo de las FF. MM. al Eln en Catatumbo. Foto:FF. MM.Bombardeos e inteligenciaOtro eje anunciado por el Gobierno apunta a intensificar las operaciones ofensivas contra las organizaciones armadas ilegales, incluida la reactivación de bombardeos bajo nuevos criterios operacionales. “No es solamente hablar de fuerzas especiales o grupos de fuerzas especiales. Hay un componente y unos paquetes de inteligencia que conlleven a unas acciones contundentes contra los grupos criminales”, dice un general retirado sobre el reto en seguridad.La crisis de la inteligencia del Estado se ha reflejado en los últimos años tanto en el mayor accionar de los grupos criminales –cuya capacidad de terrorismo y de afectación humanitaria (como pasó en el Catatumbo) se disparó– como en la incapacidad de las fuerzas del orden para poner fuera de combate a los principales enemigos públicos del país.El regreso intensivo de los bombardeos exigirá de las inteligencias de la Policía y de las Fuerzas Militares la entrega de la máxima información posible para quienes tienen que dar la orden de activar las operaciones ‘Beta’, de tal manera que se eviten daños colaterales o se restrinjan al máximo las muertes de menores reclutados por los criminales.General (r) Guillermo León León. Foto:Néstor Gómez“Su aplicación va a exigir una inteligencia muy precisa, una estricta observancia del derecho internacional humanitario y que se tomen medidas dentro del planeamiento para proteger a la población civil, especialmente frente a riesgos relacionados con la presencia de menores o personas protegidas”, señaló el general (r) León, presidente de Acore.Pero el verdadero reto estará en la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, que en el gobierno Petro pasó de ser una agencia dedicada a detectar y prevenir amenazas estratégicas contra la Nación a una especie de ‘policía política’. De la DNI salieron varios informes, basados solo en anónimos, que terminaron con la descabezada de generales y coroneles incómodos para el gobierno Petro. En manos, desde el 2022, de antiguos miembros del M-19, la DNI abandonó líneas de inteligencia que se habían consolidado por décadas (por ejemplo, la amenaza de Hezbolá en algunas zonas del país y la presencia y el poder del Eln y las disidencias en Venezuela) y se concentró en perseguir el rastro de los supuestos complots contra el saliente presidente.El Gaula de la Policía visita tiendas de barrios en Barranquilla. Foto:PolicíaSeguridad urbanaEntre las apuestas del nuevo gobierno también aparece la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que busca responder a fenómenos criminales que hoy trascienden la delincuencia tradicional.Aunque el diseño definitivo de esa estructura aún no ha sido presentado, los expertos consultados coinciden en que las ciudades concentran nuevas formas de criminalidad que exigen respuestas distintas a las implementadas hace una década. La estrategia busca fortalecer las investigaciones integrales contra cada organización criminal y avanzar hacia equipos especializados de fiscales y jueces que comprendan las nuevas dinámicas urbanas.Para alcanzar esos resultados, el general (r) de la Policía Juan Carlos Buitrago señala que la estrategia no debería estar basada únicamente en aumentar el número de uniformados en las calles. “La propuesta tendría que integrar capacidades de inteligencia, investigación judicial, análisis financiero y tecnología, articulando a la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, el CTI, la Uiaf, el Inpec, el Ministerio de Justicia y las autoridades territoriales bajo un mismo esquema de coordinación”, dijo.El despligue de una tropa del Ejército. Foto:CortesíaPero en el diseño de la estrategia de seguridad integrando la mirada desde las regiones hay, de entrada, una marcada diferencia con lo que pasó en el actual gobierno, cuando los alcaldes y gobernadores fueron ignorados por la Casa de Nariño frente a los efectos negativos de las negociaciones con grandes estructuras criminales y poderosas bandas criminales. Eso pasó en Antioquia con las disidencias de ‘Calarcá’ y el ‘clan del Golfo’, en Medellín con los capos del ‘tarimazo’ y en las zonas donde el Ejecutivo pretendió crear las fallidas zonas de ubicación temporal.Reencauche de generalesOtro de los anuncios del gobierno entrante apunta a reincorporar oficiales retirados para fortalecer la conducción estratégica de la Fuerza Pública, como una medida que busca recuperar el conocimiento estratégico, la experiencia en operaciones y ese liderazgo acumulado que se tiene por parte de quienes salieron de la institución.EL TIEMPO conoció que en poder del gobierno entrante ya reposa un documento con 35 nombres de coroneles y generales, que figuran como posibles candidatos para ser reintegrados al servicio activo. De ese listado saldrían los uniformados que regresarían a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional como parte de la reestructuración que prepara la nueva administración.Desde esa perspectiva, el retorno de oficiales con amplia trayectoria podría fortalecer los procesos de planeamiento, doctrina y conducción operacional. Sin embargo, el general (r) León advierte que la medida también plantea riesgos internos. “Un reintegro amplio podría afectar la moral y las expectativas de carrera del personal en servicio activo”, explicó, al señalar que podrían presentarse alteraciones en las líneas de mando y percepciones de inequidad dentro de las instituciones. A ello suma otra preocupación: que las decisiones sobre reintegros profundicen el riesgo de politización de la Fuerza Pública, lo que podría generar un precedente que, a largo plazo, podría hacer más daño que lo que trata de solucionar.Una ceremonia de ascenso de la Policía Nacional. Foto:Policía NacionalEn ese sentido, se ha planteado la duda de si el general Mora, como lo dijo esta semana, podría ser reintegrado a la línea de mando y ocupar al tiempo el Mindefensa, algo que no ocurre en Colombia hace más de 37 años. “Es una de las consideraciones que estamos viendo, hay que mirar algunos temas jurídicos, pero esa es una de las posibilidades que tenemos”, dijo Mora López.Los expertos consideran que su experiencia dentro de la Fuerza Pública puede convertirse en una ventaja siempre que logre asumir el rol político que exige la cartera. “Sabemos que la intención de rodearse de personal con experiencia es válida, pero en la administración pública, la legalidad es el cimiento de la gobernabilidad. Vincular nuevamente a personal que lleva años en uso de buen retiro (en grado de mayor general) presenta desafíos que podrían desgastar su imagen desde el día uno”, dijo un oficial consultado por este diario. LEA TAMBIÉN Frente a todas las propuestas, el analista Eduardo Pizarro Leongómez señala que el fortalecimiento de las Fuerzas es apenas uno de los componentes de una política de seguridad, a su juicio, recuperar el número de efectivos, el presupuesto y las capacidades operacionales debe ir acompañado del control efectivo del territorio, el debilitamiento de las economías ilegales que financian a los grupos armados y una mayor presencia institucional en las regiones.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.