El 24 de marzo se cumplieron 50 años del golpe de Estado cívico-militar, que desencadenó el período más oscuro e ilegal de la historia argentina, por la supresión de la Constitución Nacional, la represión política y la violación sistemática de derechos humanos, incluida la libertad de expresión, mediante un aparato de persecución y censura tendiente a controlar la difusión de ideas o informaciones consideradas peligrosas, imponiendo una narrativa única. Con la recuperación de la democracia en 1983 el país restituyó sus instituciones republicanas, e inició un proceso que es ejemplo en el mundode juzgamiento a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, el cual todavía no ha concluido. La reforma constitucional de 1994 introdujo, entre otros avances, normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, confirió rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, y fortaleció garantías para la libertad de expresión. La justicia, la educación y el arte reforzaron estos principios. Sin embargo, debemos admitir que estas normas fundamentales no han calado en su auténtica dimensión en una parte considerable de la sociedad,que sigue sosteniendo discursos que todavía relativizan, niegan o justifican la magnitud de la violencia estatal de aquellos años, y que en sus prácticas cívicasactuales naturalizan fenómenos cotidianos de autoritarismo yde censura, reforzados por la comunicación digital en la que todos estamos inmersos.