Los contratos fijos discontinuos han estado en el foco de la polémica desde la entrada en vigor de la reforma laboral por sus peculiares características. Se trata de indefinidos pero marcados por unas condiciones de "intermitencia" y "estacionalidad" propias de los eventuales. Lo que se traduce en periodos de inactividad en los que el contrato sigue vigente pero el trabajador no percibe salario ni cotiza. El Ministerio de Trabajo siempre ha restado importancia al peso de esta modalidad recordando que apenas suponen un 5% del empleo, poco más del doble que antes del cambio legal. Sin embargo, la propia ministra y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dejado claro en muchas ocasiones sus sospechas de que su uso encierra muchos casos de fraude.Es algo que queda de nuevo patente en el I Plan de Choque contra el fraude en la contratación para 2026 lanzado por la Inspección de Trabajo y que recoge más actuaciones dirigidas a los fijos discontinuos que a los temporales. En concreto, se han remitido 10.973 comunicaciones a empresas sobre 17.474 contratos en esta modalidad, frente a las 9.076 notificaciones ligadas a 14.071 relaciones laborales que afectan a temporales.
La comunicación es el primer paso antes de una actuación inspectora propiamente dicha. Las empresas tienen un mes de plazo para "regularizar estas situaciones". El objetivo del Plan, anunciado esta semana, es "evitar" la utilización fraudulenta de contratos temporales y fijos discontinuos cuando los puestos de trabajo deberían estar cubiertos por indefinidos ordinarios.
