El Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia del caso Koldo, construyendo con ello los cimientos de una causa mucho más extensa a la que aún le aguarda un largo recorrido en la Audiencia Nacional. Los magistrados han condenado a los personajes principales, pero esta otra sede judicial tendrá que terminar de dilucidar quiénes actuaron junto a ellos en sus corruptelas. El fallo da algunas pistas, apuntando directamente a Jésica Rodríguez, la expareja del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha reconocido sin tapujos que vivió en un piso que nunca pagó y que estuvo enchufada en dos empresas públicas para las que nunca trabajó. Anticorrupción cree que el marco fijado por el Supremo permite avanzar en el terreno inexplorado del caso Koldo, exigiendo responsabilidades a la joven ―que hasta ahora ha intervenido en calidad de testigo― o ampliando los delitos imputados a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, o Joseba García, hermano del exasesor ministerial, según fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS. En cuanto a la “dentista y colegiada”, como ella misma se definió en el juicio, el alto tribunal la menciona en dos hitos relevantes. Por un lado, como beneficiaria del dinero con el que la red empresarial capitaneada por el conseguidor Víctor de Aldama regó a Ábalos y a su mano derecha Koldo García para garantizarse sus favores políticos. La joven y el exdirigente socialista mantuvieron una relación sentimental que duró un año, desde finales de 2018 a finales de 2019, la misma época en la que empezó a actuar la trama. Por eso, sobre ella se estableció uno de los “gastos fijos” que Aldama satisfizo a Ábalos para mantener la maquinaria engrasada. A través de Alberto Escolano, socio y amigo suyo, pagó desde marzo de 2019 y hasta septiembre de 2021 el alquiler de 2.700 euros mensuales del piso de la Torre de Madrid, ubicado en la céntrica plaza de España de la capital, donde vivió la joven hasta principios de 2022. Escolano pagó 82.295 euros y, cuando dejó de hacerlo, justo cuando las relaciones empezaron a resquebrajarse tras la salida de Ábalos y Koldo del ministerio, este último asumió los últimos recibos ―según declaró― para mantener a raya a la joven, que amenazaba con airear trapos sucios. Ella reconoció que nunca se preocupó de saber quién costeaba el apartamento de lujo porque asumió que, lo hiciera quien lo hiciera, en realidad, “el que pagaba era siempre Ábalos”.Por otro lado, el tribunal identifica a Rodríguez como beneficiaria de los delitos de tráfico de influencias y malversación que cometió Ábalos por ocuparse no solo de que su novia tuviera un techo en el que vivir, sino también una nómina pública. Según contó en el juicio, le dijo que le vendría bien trabajar mientras terminaba sus estudios universitarios. El Supremo considera probado que, a partir de ahí, el exministro “concibió y desarrolló un plan de actuación” para que “fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio (...) con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”. La colocó en dos empresas públicas, Ineco primero y Tragsatec después, de las que percibió 34.450 y 9.500 euros, respectivamente, entre 2019 y 2021. Los magistrados subrayan que el entonces ministro tuvo ayuda: la de Koldo, que hizo las gestiones necesarias; la de su hermano Joseba, que sirvió de tapadera del absentismo laboral de la joven; y la de Pardo de Vera, por su “decisivo impulso” a esta contratación. El Supremo interrogó a Rodríguez como testigo y, en tal calidad, ha dado plena credibilidad a su declaración, pero empleando “un estándar de valoración mucho más cauteloso, próximo o propio al aplicado a los testimonios prestados por imputados”, porque observa una “potencial responsabilidad” legal en su comportamiento. Así lo ve también la Fiscalía Anticorrupción, que estudia la posible responsabilidad de la expareja de Ábalos, ya sea civil ―como partícipe a título lucrativo, por aprovecharse de los frutos del delito― o incluso penal, de cara a pedir su imputación al juez que sigue investigando el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.El alto tribunal abre la veda A ojos de Anticorrupción, la sentencia también abre la veda para pedir nuevas imputaciones de personajes ya investigados en la causa, pero por otros hechos. Fuentes fiscales precisan que es el caso de Pardo de Vera y Joseba García. La expresidenta de Adif está imputada por su presunta participación en la contratación de Rodríguez y en los supuestos amaños de obra pública. En ambos asuntos, la sentencia complica su horizonte judicial. En lo primero, porque el Supremo ve “inverosímil” que el enchufe de la expareja de Ábalos se materializara y perdurara “si no es por expresa indicación de quien ostentaba una posición de jerarquía” en Adif, el cliente de los proyectos a los que la joven quedó adscrita en Ineco y Tragsatec. Y, en lo segundo, porque el tribunal considera probada la existencia de una trama paralela de adjudicación ilegal de obra pública. Además, los magistrados han establecido que el contrato que el gestor ferroviario firmó con Soluciones de Gestión ―empresa vinculada a Aldama― por 12,5 millones de euros para adquirir 5 millones de mascarillas en plena pandemia se dio a dedo. Y reflejan que Pardo de Vera recibió de su homólogo de Puertos del Estado ―el otro ente dependiente de Transportes que compró mascarillas a Soluciones de Gestión― el contacto de esta mercantil y lo transmitió internamente, así como que era conocedora de la “instrucción” de contratar con ese mismo proveedor. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado en la Audiencia Nacional, también implica a Pardo de Vera en la contratación de material sanitario.En cuanto al hermano de Koldo, consta investigado en la pieza principal de mascarillas que sigue viva en la Audiencia Nacional, donde se engloban esos otros peones que, presuntamente, sirvieron a los fines de la organización criminal. Los investigadores sostienen que ejerció de correo del dinero en metálico que Aldama entregaba periódicamente a Ábalos y Koldo como parte de esos “gastos fijos” (los 10.000 euros mensuales). El tribunal lo considera probado, incluyendo en ese trasiego de billetes los dos viajes a República Dominicana a finales de 2021 que él intentó justificar por motivos personales. A eso se suma que la sentencia le pinta como un actor esencial para encubrir la ausencia de prestación laboral por parte de Rodríguez. En la vista oral, ella expuso que no llegó a trabajar porque se mantuvo a la espera de las órdenes de Joseba García ―su supuesto jefe― pero jamás llegaron. La Fiscalía analiza ya la posibilidad de achacar nuevos hechos delictivos tanto a Pardo de Vera como a Joseba García pero también a otros personajes accesorios que, en base al relato alumbrado por el Supremo, tuvieron un papel instrumental para la trama.